En las últimas horas del gobierno saliente de Uruguay del izquierdista Frente Amplio, el secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Daniel Espinosa, dijo que “En los últimos años aprobamos la nueva ley de lavado y una nueva ley de financiamiento al terrorismo, adecuándolo a lo último en la materia, o sea que la parte teórica la tenemos muy bien (…pero) en la efectividad del sistema estamos en un regular, a mitad de tabla; tendríamos que mejorar”, explica el funcionario.
Espinosa, en una entrevista con la agencia Sputnik, refiere así a los resultados del más reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), publicado en enero, y que muestra el estado de situación de Uruguay en términos de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Supone además una suerte de balance de la gestión de la secretaría que encabezó el funcionario hasta el 28 de febrero, ya que este 1 de marzo asume en Uruguay un nuevo Gobierno, con el consiguiente cambio de las autoridades políticas del Ejecutivo.
Según Espinosa en los últimos años Uruguay ha mejorado su capacidad de control, incluso ampliando las áreas de fiscalización para prevenir el lavado de activos, pero destacó que en algunos aspectos estas mejoras son todavía incipientes.
Así, el informe de Gafilat advierte sobre los “riesgos internos” para controlar a las llamadas “actividades y profesiones no financieras designadas”, que incluyen al sector inmobiliario, la construcción y las zonas francas, entre otros sectores considerados “de riesgo” en términos de facilitar el lavado de activos.
“Desde 2007-2008, el sector financiero uruguayo ya tiene normas importantes, controladas por el Banco Central, y en el sector no financiero no había un control fuerte, aunque tenían la obligación de controlar; entonces en diciembre de 2015 se resolvió que la Senaclaft pasara a controlarlos en materia de lavado”, explica Espinosa.
De ese modo, la secretaría comenzó a realizar inspecciones, pero también recomendaciones y capacitaciones para los diferentes actores.
“Si no hay supervisión, sanción, capacitación incluso, (estos actores) no cumplen” con la normativa, afirmó el funcionario, quien destacó la importancia de “marcar presencia”.
Bajos niveles de cumplimiento
En este sentido, el informe Gafilat observa los bajos niveles de cumplimiento de la norma, y también exige a la secretaría que tenga un cabal conocimiento de estos rubros.
“Siempre que empezás a aplicar una nueva norma hay incumplimiento, pero a veces no es mala voluntad; ahí les hacés recomendaciones, pero lo importante es estar en la cancha y que los otros sepan que estás ahí”, explicó Espinosa.
La evaluación del organismo señala que las “obligaciones específicas” de estos sectores son recientes, lo que los vuelve “particularmente vulnerables en materia preventiva y pueden ser utilizados como canales idóneos para el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
“En estos años creo que hicimos mucho, pero en realidad falta, y eso es lo que te critican”, explicó el funcionario.
Según el informe de evaluación, de las 40 recomendaciones, Uruguay tuvo 16 cumplidas y 23 mayormente cumplidas. La recomendación restante no recibió calificación.
