El presidente de Chile, Sebastián Piñera promulgó la ley que concede un indulto general a personas privadas de libertad a fin de prevenir el contagio de coronavirus en las cárceles en Chile.
“El principal compromiso de nuestro Gobierno y del Estado es siempre con las víctimas de la delincuencia. Pero también debemos tratar con humanidad y proteger la salud y vida de los privados de libertad”, expresó Piñera.
La iniciativa legislativa es una medida sanitaria que permitirá descongestionar las cárceles del país, ante la amenaza del Covid-19, y beneficiará principalmente a los adultos mayores, y a las mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de dos años de edad, siempre que no hayan cometido delitos graves, para que puedan cumplir el resto de sus condenas bajo arresto domiciliario total.
En este sentido se espera que unos 1.700 presos puedan salir de la cárcel para cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario. Específicamente aquellos hombres que tengan más de 60 años de edad y mujeres mayores de 55 años, deberán cumplir la mitad de la condena y restarles por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses.
En el caso de las mujeres condenadas que estuviesen embarazadas o tuviesen un hijo o hija menor de dos años de edad, que resida en la unidad penal, deberán cumplir un tercio de la condena, y restarles por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses.
A su vez a los mayores de 75 años, por ser parte del grupo más vulnerable, no se les exigirá que hayan cumplido un mínimo de condena, ni que les reste menos de 36 meses de prisión.
“El peligro de contagio por coronavirus se multiplica cuando las personas más vulnerables se encuentran privadas de libertad dentro de recintos penitenciarios, cuyas condiciones de hacinamiento dificultan o hacen imposible medidas sanitarias como el aislamiento social, el lavado frecuente de manos y otras recomendaciones de la autoridad sanitaria”, dijo Piñera.
Por otra parte el Mandatario fue enfático en señalar que no podrán beneficiarse de este indulto aquellos reos que han sido condenados por delitos de gran gravedad como tortura, violación, cualquier delito sexual contra menor de edad, femicidio, homicidio, trata de personas, delitos terroristas y delitos de lesa humanidad.
