El gobierno de España anunció un paquete de medidas sociales y económicas para contrarrestar los efectos del coronavirus en los sectores más vulnerables de la población y sostener el modelo productivo golpeado por la emergencia del COVID 19. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros incorporan ayudas para inquilinos, autónomos y pymes quienes enfrentan un horizonte oscuro ante la crisis.
En este sentido se destacó que quedan prorrogados automáticamente por seis meses todos los contratos de alquiler en vigor, que estén a punto de vencer. Esta medida supone que a “ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler”.
A su vez el Instituto de Crédito Oficial abrió el grifo del dinero y pondrá a disposición de los ciudadanos un sistema de microcréditos públicos, sin comisiones ni interés, para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. Los inquilinos que se beneficien de estos microcréditos públicos podrán devolverlos en un plazo de seis años, ampliables hasta diez en caso de que tengan dificultades.
De la misma forma las medidas que prevén abrirse camino en la primera línea de fuego contemplan que mientras esté en vigor el estado de alarma las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual.
También está aprobada una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar dadas de alta en la seguridad social y que hayan tenido que dejar de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis, o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Tendrán derecho a percibir una prestación equivalente al 70% de su base de cotización.
En los relativo a la seguridad dirigidas a empresas y autónomos se destaca la moratoria de hasta seis meses para el pago de las obligaciones y el aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%.
Por otro lado, se flexibilizan los contratos de suministro de electricidad y gas para autónomos y empresas, y los plazos y procedimientos administrativos para las empresas. Se suspende, además, por un año, el pago de intereses y amortizaciones de préstamos para emprendedores, en especial del sector turístico.
