Representantes de Amnistía Internacional denunciaron que las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han incurrido en una serie de violaciones a los Derechos Humanos en los centros de cuarentena obligatoria destinados para frenar los efectos del Covid-19, situación que derivó en detenciones arbitrarias y malos tratos contra miles de ciudadanos, al tiempo de dejar claro que las “terribles” condiciones de estos espacios gestionados por el Estado tienden a convertirlos en lugares contraproducentes donde se corre el peligro de contraer el virus.
“Las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes”, expresó.
Las declaraciones las realizó el organismo internacional en base al informe “Cuando la protección se vuelve represión: cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas”, donde se deja en evidencia una serie de hechos en contra de diversos colectivos vulnerables como las comunidades de ingresos bajos, la población refugiada y la migrante que vuelve a sus países de origen.
En esta línea la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas argumentó que las autoridades venezolanas han sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos, enviandolas a centros de confinamiento bajo control militar insalubres y, en ocasiones, inhumanos.
En El Salvador el gobierno del presidente Bukele tenía a más de 16.000 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19.
A su vez las autoridades de Paraguay impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia.
“Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, afirmó.
