El Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Rodrigo Delgado Mocarquer valoró la aprobación por parte del Senado del informe de la Comisión Mixta constituida para subsanar las discrepancias entre ambas cámaras del Congreso en la tramitación de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería, con lo que quedó en condiciones de ser promulgada por el Presidente de la República tras el apoyo de 38 votos a favor y dos en contra.
La instancia, que llegó a su último trámite después de 8 años de debate, prevé establecer un mayor control y orden de los ciudadanos extranjeros que ingresen al país ante el marcado incremento de migrantes en situación irregular presentado en los últimos años en la nación austral. A su vez viene a reemplazar la regulación migratoria actual que estaba obsoleta, pues data desde 1975, cuando el país estaba gobernado por el dictador Augusto Pinochet.
En esta línea la medida contempla la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones, el que debe estar implementado en un año, además de la obligación de que las personas deban postular a las respectivas visas en los consulados de Chile.
De la misma forma esta nueva institucionalidad promueve derechos, deberes y obligaciones de los extranjeros y agiliza procedimiento de expulsión, desincentivando ingresos irregulares al país.
“Es un hito histórico. Estamos hablando de una ley que se esperó por mucho tiempo. Hace décadas debimos tener una ley que se hiciera cargo de la migración de una manera segura, ordenada y regular”, expresó.
A su vez los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente.
De igual forma se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero por tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, entre otros.
