El Pleno del Congreso de Perú aprobó por 103 votos a favor, 14 votos en contra y 3 abstenciones la ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, instancia que modifica la Constitución con el objetivo de establecer medidas más transparentes e igualitarias en caso de que los congresistas incurran en eventuales delitos, los que con esta normativa, serán competencia del Tribunal Supremo de Justicia.
“El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la república durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato es competente el juez penal ordinario”, afirma el Congreso.
En este sentido se especificó que se elimina el párrafo de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad de arresto y de proceso, y se elimina la polémica e históricamente controvertida Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, porque ya no habría inmunidad parlamentaria.
La instancia fue sacada adelante después de un extenso debate donde gran parte de los legisladores, independiente de su postura política, concordaron en avanzar en esta iniciativa que contempla que ya no haya “más impunidad” en el Congreso de Perú, el que ha sido ampliamente cuestionado por muchos sectores políticos y sociales del país.
“Desde Somos Perú apoyamos la iniciativa de la eliminación de la inmunidad parlamentaria es sus matices de eliminarla en el sentido de para el arresto como también para lo que viene a ser el proceso. ¡Emparejemos la cancha, todos por igual!”, dijo el congresista Guillermo Aliaga.
A su turno, Gino Costa (PM) dijo que la reforma propone eliminar la protección a efectos que el Poder Judicial pueda actuar cuando se trata de delitos comunes frente a los parlamentarios investigarlos o eventualmente detenerlos, si fuera el caso, sin pedir autorización al Congreso de la República.
¿Por qué eliminamos la inmunidad?, preguntó el legislador y enseguida respondió “porque este Congreso ha hecho uso y abuso de esta prerrogativa destinada a impedir que desde el Poder Judicial o el Ministerio Público -por razones políticas- se persiga sin fundamento a los congresistas. Sabemos que la inmunidad se ha convertido en una herramienta de impunidad. Y esa impunidad ha desprestigiado al congreso a los congresistas y a la clase política”, dijo.
A pesar de este significativo avance en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, más aún en un país golpeado por estos hechos en el último tiempo, al tratarse de una reforma constitucional, el texto deberá ser ratificado en la siguiente legislatura para entrar el vigor con el respaldo de al menos 87 legisladores.
