Los médicos bolivianos comenzaron este viernes su primer día de huelga en rechazó a la Ley de Emergencia Sanitaria, promulgada por el presidente de Bolivia, Luis Arce. El paro de actividades convocado por el Consejo Nacional de la Salud (Conasa), que reúne a los colegios médicos y sindicatos de profesionales de la salud acusa al Ejecutivo de que la normativa no ha sido consensuada con las organizaciones de trabajadores del sector, al tiempo de considerarla inconstitucional.
“Nos vemos obligados asumir esta medida de presión debido a la falta de voluntad del gobierno a dialogar con todo el sector de salud y la no respuesta a nuestras demandas. Pedimos la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria y que dejen de mentir a la población diciendo que el Sistema Único de Salud- SUS los protege, cuando no se tiene medicamentos, insumos, ni condiciones mínimas para combatir esta pandemia”, expreso Cleto Cáceres, Presidente del Colegio Médico de Bolivia.
La huelga que se extenderá hasta el próximo 28 de febrero cobra especial relevancia ya que la sombra de la pandemia sobrevuela por el territorio boliviano con 11.390 muertes y 240.676 casos positivos desde marzo de 2020, no obstante, pese a este complejo panorama, el gremio garantizó que no se suspenderá la atención en los servicios de emergencia en todo el país y la atención a los pacientes con Covid-19.
“Nunca hemos suspendido ni vamos a suspender la atención de emergencia, los médicos que se encontraban trabajando en la consulta externa van a reforzar los servicios de emergencia para no dejar desprotegida a la población”, expresó Cáceres.
De la misma forma el máximo representante del órgano colegiado argumentó que la constitución del Consejo Nacional de Emergencia es prácticamente es el mismo gabinete Ministerial, incluido el Ministro y deja de lado al Comité Científico Nacional y sus sociedades científicas con quienes se debería trabajar coordinadamente.
“Otro aspecto que se observa es el articulo donde habla de la confidencialidad en el gasto que se realice mientras dure la Ley de Emergencia Sanitaria, es decir que no habrá necesidad de presentar un informe y hacer una rendición de cuenta de cuánto costaron las vacunas o los medicamentos y esto crea susceptibilidad en el manejo adecuado de los recursos” agregó Cáceres.
