Uruguay, los ex presos políticos, los derechos humanos y las víctimas de segunda clase

EDITORIAL.-

En estos días, en distintos medios de prensa, se ha retomado la discusión sobre el pasado reciente y la visión antagónica de unos y otros.

Por un lado, Crysol, la asociación de ex presos políticos, le ha enviado una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, donde le piden su apoyo para que Mariana Mota y Wilder Tayler,  integrantes de la  Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), al cumplirse el tiempo de su mandato, continúen en sus cargos, a pesar de que esto lo debe evaluar el Parlamento. Crysol expone que “Ambos (Mota y Tayler) han llevado a cabo su labor con solvencia, compromiso y responsabilidad. Como colectivo, valoramos y reconocemos altamente el aporte que su gobierno ha venido brindando a la INDDHH al respecto. Ahora nos dirigimos a Ud. para  solicitarle su apoyo para que ambos puedan continuar al frente de la tarea más allá de que el Parlamento no llegara a renovar su mandato como directivos de la institución”.

¿Cómo podría el presidente ordenar al Parlamento la renovación del mandato de dos directivos, que incluso han sido resistidos públicamente por decisiones sesgadas, cuestionadas por su falta de imparcialidad?.

Pero la INDDHH decepciona, sólo ve el terrorismo de Estado que se ejerció durante la dictadura militar, pero ignora ignominiosamente a las víctimas de la guerrilla tupamara, que también existen y claman justicia. ¿Son víctimas de segunda clase para los miembros de esa institución?.

Crysol, en su carta, dice al presidente Lacalle Pou: “solicitamos a Ud. formalmente que envíe, a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que permita que todas y todos los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones, además de acceder a la Pensión Especial Reparatoria, tal cual ha sido recomendado por varios Relatores Especiales de la ONU” y agrega: “Remitir al Parlamento un proyecto de ley que permita que las ex presas y los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones será un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humanos. Prestigiará al país y a su presidente. Será una contribución muy valiosa que el Partido Nacional realizará al proceso de afirmación del Estado de Derecho”.

Como dice Crysol, que los ex presos políticos “puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones será un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humano”. Verdaderamente sería así, si se contemplaran a todas las víctimas; las del terrorismo de Estado y las del terrorismo de los tupamaros.

En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se otorgaron pensiones o jubilaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. En 2020, pocos días antes de dejar su último mandato, Vázquez hizo que estas pensiones se trasladaran en un 100% a cónyuges o concubinos, e hijos menores o discapacitados, según explica un artículo del diario El País.

Pero lamentablemente, el expresidente Vázquez no miró hacía el otro lado, ni él ni los legisladores del Frente Amplio y tampoco la INDDHH, tuvieron en cuenta a las víctimas de la guerrilla tupamara, que asesinó a personas inocentes durante su accionar criminal durante años de gobiernos democráticos, previos a la dictadura militar ( 27 de junio de 1973 – 1 de marzo de 1985).

Lo grave es que entre esos ex presos políticos que cobran una pensión del Estado, están algunos ex integrantes de los guerrilleros que asesinaron a inocentes.

¿Es lógico que quienes asesinaron a inocentes hoy reciban una pensión de reparación y las víctimas nada?. Como ejemplo vale citar tan sólo unos pocos casos – entre varios – la ejecución por parte de los tupamaros de Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los terroristas estaban robando en dicha empresa. – 22/06/71.

El homicidio premeditado en plena democracia del peón rural Pascasio Báez ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido, se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros, que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal para que no los delatara. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”.

Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los sediciosos en su domicilio para robarle material quirúrgico. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon en forma cobarde a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar frente a su esposa. – 04/05/72

Vicente Oroza, un ciudadano español chofer de Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. Los subversivos hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del transporte público a los guerrilleros para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, asesinó a Oroza con varios balazos.  28 de junio de 1972.

Pero estos son sólo algunos de los casos de víctimas de la guerrilla que hasta el día de hoy no tienen reparación. La larga lista de inocentes asesinados comienza en las décadas de los años cincuenta y sesenta, en años de democracia. (Ver: http://verdaduruguay.orgfree.com/)

¿Qué ha hecho por estas víctimas la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)?.

No se puede hablar de “fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humano”, cuando deliberadamente se ignora a las víctimas del terrorismo guerrillero.