El sistema de préstamos usurarios conocido como “gota a gota” que empezó en Colombia y que fue implantado en Uruguay por colombianos que se asentaron en este país, cobró notoriedad con la captura e imputación de 18 ciudadanos de esa nacionalidad y uno de Venezuela, según informó el Ministerio Público uruguayo.
La Fiscalía Departamental de Tacuarembó de 2° turno, a cargo de la fiscal Irena Penza, imputó a diecinueve personas en el marco de la operación “Parce”.
Varios detenidos fueron imputados por un delito continuado de usura, en concurso formal con un delito de asociación para delinquir, y en reiteración real con reiterados delitos de violencia privada. Se dispuso como medida cautelar su prisión preventiva por el término de 120 días.
Otros de los ahora arrestados fueron imputados por un delito continuado de usura, en concurso formal con un delito de asociación para delinquir. Se les impusieron por 120 días las siguientes medidas cautelares: obligación de fijar domicilio, obligación de presentarse una vez por semana en la seccional policial de su domicilio, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de entregar sus documentos de viaje con cierre de fronteras, y prohibición de acercamiento a los domicilios de las víctimas.
Los hechos
Con fecha 14 de febrero de 2022, a través de una denuncia realizada en forma anónima, Personal del Área de Investigaciones del departamento de Tacuarembó, en Uruguay, comenzó una investigación por la presunta existencia de un grupo organizado de personas de nacionalidad colombiana, que se dedicaba a realizar préstamos de dinero esencialmente a emprendedores o comerciantes, con obligación de restituirlo “Gota a Gota”, es decir, día a día, con un porcentaje de interés normalmente del 20%, en plazo de 20, 24 y 30 días.
En el marco de la investigación se pudo identificar a varios extranjeros que formaban parte de la maniobra en cuestión, lográndose determinar que los préstamos eran de sumas que oscilaban entre los $5000, $10.000 y hasta $150.000, con obligación de restitución en cuotas diarias, la primera a partir del día siguiente de otorgado el préstamo en cuestión.
Si la devolución de la cuota diaria no era alcanzada por el deudor, comenzaban las amenazas, la violencia, llegando en algunos casos al hurto de bienes en concepto de cobro por el crédito, y en otros casos más graves, implicando amenazas con arma de fuego, o bien, incendio de fincas, persecución en domicilios particulares, presentación diaria en diferentes horarios en el comercio de la víctima. Averiguaban los centros de estudio de los hijos de las víctimas, presentándose a su vez en la puerta de los mismos exigiendo el pago de las cuotas adeudadas bajo amenaza de sufrir un daño a su persona, bienes o bajo el temor de que llamarían al “Supervisor”, quien resultaba ser una persona que normalmente manejaba armas de fuego.
Los clientes captados presentaban necesidades especiales, mayoritariamente comercios pequeños, o emprendedores, quienes requerían liquidez para la compra de mercadería necesaria para surtir el comercio.
Las cuotas de pago rondaban entre los $500 diarios a $1500, $2000 y hasta $6000 diarios, dependiendo de la suma de dinero que habían solicitado.
Por ejemplo, en el caso de solicitar un préstamo de $10.000, la restitución implicaba cuotas de $500 durante 24 días, llegando a restituir la suma total de $12.000 en menos de un mes.
Este tipo de préstamos generaban intereses muy superiores a las tasas medias permitidas por el Banco Central del Uruguay (BCU).
Extorsión y violencia
Cabe mencionar que para la obtención del pago, en todos los casos se empleaba la extorsión y medios violentos, en cuyo caso la gente culmina pagando por miedo a sufrir un daño a sus bienes o a su familia, porque los métodos de cobro no son legales, sino que son a través de la exhibición de armas de fuego y presión constante, presentándose en el domicilio o almacenes de las personas afectadas o que hubieran recibido algún préstamo por este grupo organizado.
En mérito a la cantidad de víctimas que se han ido presentando durante un largo período de más de un año dando cuenta de estas maniobras abusivas, se han logrado identificar varias personas como partícipes de la organización, con roles perfectamente identificados.
Esta red organizada, reclutaba personas generalmente de nacionalidad colombiana, quienes ingresaban a Uruguay con la promesa de realizar un trabajo que pudiera ayudar a sus familias en Colombia, muchas veces desconociendo cuál era efectivamente el tenor de la tarea a desarrollar, llegaban a Uruguay únicamente con un pasaje de IDA, cuyo costo debía ser reembolsado por el recluta con trabajo durante un período de un año, con condiciones asimismo de alojarse en las viviendas proporcionadas por su reclutador, a las cuales no podía ingresar nadie por fuera del negocio, por un tema de seguridad del dinero que se manejaba en el interior de dichas viviendas.
La denuncia de la Fiscalía
19 Imputados – Fiscalía de Tacuarembó de 2do Turno by icndiario on Scribd
