La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza las medidas adoptadas por el Ministerio Público de Venezuela dirigidas a obstaculizar la participación de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. Urge al Estado a abstenerse de detener arbitrariamente a personas de la oposición, liberar a las personas presas políticas y permitir la participación política en condiciones de igualdad.
El 6 de diciembre, el Fiscal General emitió órdenes de aprehensión para 14 personas, acusándolas de traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales en relación con la disputa territorial del Esequibo, la cual enfrenta a Venezuela y a Guyana. Entre las personas con orden de aprehensión se encuentran dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado. También está Roberto Abdul, presidente de la organización civil Súmate, quien fue detenido, temporalmente desaparecido y presentado ante los tribunales sin contar con acceso a una defensa técnica de su elección.
Estas acciones forman parte de un patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición, el cual viene siendo documentado por la CIDH y otros organismos internacionales. Entre otros, el pasado 25 de octubre, el Ministerio Público ya había abierto una investigación contra personas organizadoras de una consulta ciudadana que tenía como objetivo elegir a la persona que aspira disputar la elección presidencial de 2024. La ganadora de dicha consulta fue precisamente Maria Corina Machado, quien además es beneficiaria de medidas cautelares.
La CIDH reafirma que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno. Al mismo tiempo, advierte que el uso de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas como traición a la patria pueden instrumentalizarse para perseguir e impedir la legítima participación política.
Por último, la Comisión Interamericana reitera al Estado su llamado a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.
