Por Facundo Ordeig
Hemos visto como el Tribunal Supremo de Venezuela inhabilitó por quince años a la candidata de la oposición, María Corina Machado, quien consideró que el régimen de Nicolás Maduro acababa de dar por tierra el Acuerdo de Barbados, donde se había comprometido ante Estados Unidos, México, Colombia, Países Bajos y Noruega a respetar los derechos políticos de sus ciudadanos, a promover las garantías y a celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año.
Este hecho, que nace del control que ejerce el Partido Socialista Unido de Venezuela por sobre el sistema judicial ha recogido las condenas de la Organización de Estados Americanos además de los gobiernos de Uruguay, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay pero poco o nada se ha dicho acerca de la reelección del Presidente Nayib Bukele, la cual a pesar de estar prohibida por la Constitución de El Salvador, no ha sido recurrida por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia en un hecho que no llama la atención pues los mismos han sido nombrados por un legislativo que es controlado por los representantes del Oficialismo salvadoreño, mismos que en 2021 destituyeron a sus predecesores con el argumento de emitir veredictos contrarios a los decretos del Poder Ejecutivo además de por mantener presuntos vínculos con la Oposición, los cuáles vulneraban su independencia técnica, siendo una acción que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a monitorear la situación del país centroamericano donde el estado de excepción constitucional rige desde hace más de seiscientos días bajo la excusa de combatir la violencia del crimen organizado.
Negar que la administración de Bukele ha conseguido disminuir la cantidad de homicidios consumados año a año no es posible porque mientras que el Instituto de Medicina Legal registraba 2.398 asesinatos en 2019, para 2023, apenas se registraron 194 pero a pesar de ello no se puede hablar de una mejora en la seguridad pública pues los ciudadanos se ven expuestos al uso excesivo de la fuerza, a la intervención de las telecomunicaciones sin orden de juez, a detenciones arbitrarias que culminan en juicios masivos donde no se les garantiza la asistencia jurídica a los detenidos que pueden encontrarse en prisión preventiva de manera indefinida, lo que se encuentra registrado en distintos reportes de Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso de las Naciones Unidas, donde además nos encontramos con que se han producido más de doscientas desapariciones forzosas junto a ciento noventa muertes en custodia cuyas investigaciones por parte de la Justicia salvadoreña han sido, en su mayoría, archivadas.
Un hecho no menor que debe analizarse en el contexto de la investigación realizada por la organización no gubernamental, Cristosal, donde se evidencian los actos de tortura y los tratos inhumanos junto a negligencia a la hora de proveer asistencia sanitaria, medicamentos, e incluso alimentos mientras que las autoridades hacen oídos sordos ante los reclamos de las organizaciones humanitarias y de los organismos internacionales, como bien sucede en Venezuela, siendo que mientras que Nicolás Maduro los acusa de servir al imperialismo norteamericano, Bukele los acusa de proteger a los criminales con base en un sesgo ideológico de izquierda.
Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, aseguró la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, pero la persecución que se vive en el país centroamericano también alcanza a líderes sindicales, activistas y periodistas pues desde 2022 se encuentran en riesgo de ser condenados con hasta quince años de prisión en caso de dar cobertura sobre las pandillas o difundir mensajes de organizaciones criminales, debiéndose tener en cuenta que el periódico El Faro resultó ser investigada como una luego de sus publicaciones acerca de los vínculos que la administración de Bukele mantendría con los líderes de Barrio Dieciocho y Mara Salvatrucha, lo que podría explicar la razón por la que el Gobierno salvadoreño decidió poner en libertad a Élmer Canales Rivera pese contar con una notificación de Alerta Roja de INTERPOL junto a una solicitud de extradición por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Enero de 2021.
Este es el contexto en el que es reelecto con un “noventa por ciento de los votos” pero más peligroso aún, en que es visto por líderes políticos de la región como un ejemplo a seguir, al igual que sucedía en Venezuela con Hugo Chávez, o en Cuba, con Fidel.
