El Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conocido este jueves, es un instrumento de referencia regional que compila la situación de los derechos humanos en el hemisferio, el cual presenta los avances y desafíos de los Estados miembros de la OEA en la materia; y expone las críticas y/o los logros institucionales, el trabajo y actividades realizadas por la Comisión para garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas en la región.
Nicaragua
En el informe, la CIDH, expresa que en 2023, la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes en Nicaragua. Actualmente, los periodistas que intentan informar sobre asuntos de interés general se enfrentan al riesgo inminente de ser arrestados. Tal es el caso del periodista Victor Ticay, detenido condenado a ocho años de prisión por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, luego de haber dado cobertura a una procesión religiosa de Semana Santa.
Asimismo, este año continuó la persecución contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, artistas, personas opositoras y líderes religiosos por sólo hecho de expresar sus ideas y opiniones, lo que refleja la intolerancia de las autoridades hacia cualquier discurso que cuestione o contradiga su narrativa. Los distintos mecanismos de control y censura desplegados por el Gobierno en la ciudadanía han contribuido al cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua, y han socavado las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad de expresión. La censura ha permeado profundamente en la sociedad, y ha generado que las y los ciudadanos eviten expresarse abiertamente sobre temas relacionados con el Gobierno.
Venezuela
En el capítulo referente a Venezuela del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2023, se denuncia que “El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”.
Sobre las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre las que mencionó la que pesa sobre la exdiputada María Corina Machado -ganadora de las primarias antichavistas de octubre- han sido aplicadas “de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, lo que “viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.
La CIDH puntualiza que “el deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que, en el país, se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.
El duro informe agrega que “ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones”, lo que -sostuvo- se debe a la “falta de independencia de estas instituciones frente al Gobierno”.
La CIDH exige al régimen de Nicolás Maduro a “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin cualquier tipo de represión o discriminación de toda la población y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado”.
Además, pidió “dejar sin efecto las medidas administrativas que restrinjan derechos políticos”.
