El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, marcando una de las medidas migratorias más duras de su administración. Esta acción llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre.
La nueva orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a aquellos migrantes que no superen estrictos estándares de asilo cuando se sobrepase la cifra de 2,500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días. Altos funcionarios estadounidenses detallaron a la prensa que esta medida busca controlar el flujo migratorio y asegurar un proceso ordenado.
Según el mandato presidencial divulgado por la Casa Blanca, “se suspende y limita la entrada de cualquier no ciudadano a Estados Unidos a través de la frontera sur. Se prevén excepciones apropiadas, como en el caso de las personas especialmente vulnerables o presentes en virtud de un proceso que el Secretario de Seguridad Interior determine apropiado para permitir una entrada segura y ordenada en Estados Unidos”.
La orden entrará en vigor de inmediato, ya que actualmente se está superando la cifra de 2,500 detenciones, con un promedio de 4,200 arrestos diarios registrados en el mes de abril, según las cifras oficiales más recientes. Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1,500 detenciones diarias en promedio durante 14 días. Sin embargo, esto podría ser difícil de alcanzar, ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1,500 fue en julio de 2020, durante la pandemia.
Los funcionarios han indicado que los migrantes que lleguen a la frontera una vez superado el umbral de 2,500 detenciones diarias estarán sujetos a “un estándar significativamente más alto” para calificar para asilo. Específicamente, deberán demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que están en riesgo de sufrir torturas o persecución si son devueltos a su país de origen.
Los migrantes provenientes de México, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos entre Washington y las autoridades mexicanas. Por otro lado, aquellos que lleguen a la frontera desde otras partes del continente americano, como Colombia o Ecuador, así como de fuera de la región, serán expulsados en vuelos de deportación.
