La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Liz Throssell ha expresado su preocupación por la determinación adoptada por las autoridades nicaragüenses encabezadas por Daniel Ortega, quienes han cancelado 1.500 organizaciones de la sociedad civil u ONGs, una acción que afecta gravemente a la ya limitada libertad cívica en el país. Aproximadamente la mitad de estas organizaciones canceladas son asociaciones religiosas, lo que intensifica la preocupación en un contexto donde la libertad religiosa ha sido cada vez más restringida.
Este anuncio, realizado oficialmente el pasado lunes, eleva a más de 5.000 el número total de organizaciones que han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua desde finales de junio de 2022. Entre las entidades afectadas se encuentran ONGs, medios de comunicación y universidades privadas, cuyos activos han pasado a estar bajo el control del Gobierno.
Las consecuencias de estas medidas son profundas y afectan directamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión, así como la libertad religiosa en Nicaragua. El entorno para la defensa de los derechos humanos se ha vuelto cada vez más hostil, con muchas de las organizaciones restantes recurriendo a la autocensura o disolviéndose voluntariamente ante la imposición de leyes restrictivas que limitan sus actividades.
Ante esta alarmante situación al ONU reitera el llamado a las autoridades nicaragüenses para que cesen las severas restricciones impuestas sobre los espacios cívicos y democráticos en el país, ya que, a su juicio, es imperativo que se respete y garantice el cumplimiento de los derechos humanos, en línea con las obligaciones internacionales que Nicaragua ha asumido en esta materia.
