Las últimas cifras documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) revelan que al menos 3.661 personas han sido asesinadas en Haití desde enero de este año, lo que representa los niveles de violencia más altos registrados desde 2023. Estas cifras, que cubren el período hasta junio de 2024, fueron presentadas al Consejo de Derechos Humanos, subrayando la creciente crisis humanitaria y de seguridad en el país caribeño.
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, afirmando que “no deberían perderse más vidas como resultado de este crimen sin sentido”. Türk enfatizó la necesidad de redoblar esfuerzos para frenar la violencia generalizada que afecta especialmente a la capital, Puerto Príncipe, y a regiones como Artibonite y el sur del departamento Occidental, que antes se habían librado en gran medida de la violencia.
Respuesta internacional: Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad
Türk saludó las recientes medidas adoptadas por las autoridades haitianas, como el establecimiento de un Consejo Presidencial de Transición y el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS). Un contingente inicial de aproximadamente 430 miembros de esta misión ya ha sido desplegado, con el objetivo de restaurar la seguridad en las zonas más afectadas.
No obstante, el Alto Comisionado advirtió que “la Misión necesita equipo y personal adecuados y suficientes para combatir de manera efectiva y sostenible a las bandas armadas e impedir que se propaguen y causen más devastación en la vida de las personas”. La Oficina del ACNUDH trabaja en conjunto con la MMAS para garantizar que las operaciones estén alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos, de acuerdo con la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad.
Graves violaciones de derechos humanos y violencia sexual en aumento
El informe destaca una escalada alarmante en las violaciones y abusos de derechos humanos, particularmente en Puerto Príncipe y Artibonite. Entre enero y junio de 2024, al menos 860 personas murieron y 393 resultaron heridas durante operaciones policiales, incluidos 36 niños, lo que sugiere un posible uso excesivo e injustificado de la fuerza.
Asimismo, las pandillas han intensificado su uso de la violencia sexual como herramienta de control, subyugación y terror. Según el informe, “las pandillas continuaron utilizando la violencia sexual para castigar, sembrar el miedo y subyugar a las poblaciones”, lo que ha resultado en un aumento en el número de víctimas de violación y otros tipos de agresiones sexuales.
Inseguridad alimentaria y desplazamiento forzado
En el departamento de Artibonite, conocido como el “granero” de Haití, la violencia y la extorsión por parte de las pandillas han obligado a los agricultores a abandonar más de 3.000 hectáreas de tierra. Esto ha agravado la crisis alimentaria en un país donde aproximadamente 1,6 millones de personas ya enfrentan inseguridad alimentaria severa.
La violencia también ha provocado desplazamientos masivos. En la actualidad, alrededor del 80% de las personas desplazadas en Haití viven con familias de acogida, mientras que el resto se refugia en sitios improvisados, a menudo en zonas controladas por pandillas o de alto riesgo.
Fortalecimiento de las instituciones y un llamado a la comunidad internacional
El jefe de derechos humanos de la ONU instó a las autoridades haitianas a tomar medidas decisivas para fortalecer a la policía y otras instituciones estatales, debilitadas por la corrupción endémica, y restaurar el estado de derecho. Asimismo, pidió protección urgente para los niños que están siendo reclutados por las pandillas y mayores esfuerzos para combatir la violencia sexual y de género, así como para garantizar la protección de los desplazados internos.
Por último, Volker Türk hizo un llamado a la comunidad internacional para que implemente de manera efectiva el embargo de armas, la prohibición de viajar y la congelación de activos impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de reducir la capacidad operativa de las pandillas y frenar la violencia en Haití.
