Por Facundo Ordeig.-
Para que se produzca un debate es necesario que exista un intercambio de ideas en el que los participantes argumenten, respondan e incluso contrarresten la visión de su contrincante para que el ciudadano sea capaz de profundizar tanto en las perspectivas como en las propuestas, pero esto no es lo que sucedió entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi, en parte, porque el modelo elegido para llevarlo a cabo limitaba la interacción entre ambos por su rigidez, en parte, por las estrategias de los comandos de campaña. Errores que convirtieron la oportunidad de convencer a quienes se encuentran indecisos, quienes representan entre un 5 a un 7% de los electores, en un discurso que podría haber sido utilizado en un spot publicitario o una entrevista pactada en la que los punchlines para las redes sociales se anteponen a los asuntos públicos. En este caso, a la economía, al empleo, a la educación, al desarrollo humano, pero sobre todo a la razón de este artículo, la seguridad ciudadana.
¿Cómo combatiremos al crimen organizado los próximos cinco años?
Es la pregunta que deberíamos hacernos al momento de analizar tanto las propuestas que los candidatos nos han presentado como a los equipos técnicos que las implementará en cuanto asuma el próximo gobierno pues a pesar de lo que se cree, el impacto de las organizaciones criminales se encuentra presente en cada calle de nuestro país, haciendo que este tema deba ser priorizado por cada uno de nosotros pero, ¿cuáles son éstas consecuencias?
La más notoria que nos encontramos es el aumento de la violencia a través de los homicidios, las desapariciones, los tiroteos e incluso el desplazamiento de vecinos en las comunidades más vulnerables, pero también nos encontramos con que el dinero que se lava para ser invertido en el ámbito legal es capaz de generar inflación en los sectores que operan, entre ellos, el inmobiliario, el gastronómico y el de la construcción, perjudicando a las empresas legítimas al igual que en su capacidad de generar empleo. Por otra parte, nos encontramos con un aumento de los asaltos a mano armada, los hurtos y los robos a propiedades como medio para adquirir sustancias que a su vez impactan tanto en la salud mental como física de sus consumidores, independientemente de su estrato cultural o edad, pero dañando sobre todo a los más jóvenes y sus familias. Este es el impacto que las operaciones de la Ndrangheta, la Bratva, el Primer Comando Capital y Jalisco Nueva Generación tienen a través de organizaciones locales con las que se encuentran aliadas desde 2010 de acuerdo a Interpol y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, razón por la que la estrategia a seguir en su contra no debe ser tomada a la ligera pero ¿qué piensan los candidatos en este sentido?
Integralidad que no contempla todos los aspectos
Para Álvaro Delgado, el Estado debe implementar la estrategia italiana, la que consiste en la creación de un equipo de trabajo interinstitucional que involucra a las Fuerzas Armadas, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Banco Central, la Dirección General Impositiva, la Secretaría de Inteligencia Estratégica y la Policía Nacional. Una estructura que en conjunto con las medidas para reducir la deserción estudiantil con la intención que los adolescentes sean captados por las organizaciones criminales, programas de atención de salud mental para jóvenes y la profundización en las medidas de rehabilitación en cárceles nos ofrece una perspectiva integral. Pese a ello, la candidatura de la coalición de gobierno cuenta con un debe pues a pesar que su exposición se centró en la necesidad de proteger a las víctimas, en el programa de gobierno no nos encontramos con acciones que atiendan el aumento de casos de violencia sexual pues a la hora de gobernar no debemos olvidar los casos de prostitución forzada, las violaciones como método de represalia o los menores que son abusados por un traficante a cambio de sustancias o que son obligados a consumirlas, como sucedió recientemente en el Departamento de Rivera.
No obstante, la misma mantiene una línea de acción que resulta lógica, sin contradicciones aparentes entre ellas, lo que no sucede entre las anunciadas por Yamandú Orsi y las bases programáticas presentadas por el Frente Amplio.
Un rumbo incierto que hemos transitado en el pasado
Es lo que uno se encuentra al analizar la exposición del candidato de la coalición de izquierda, quien a pesar de ser capaz de anunciar más medidas que su contrincante, cometió el error de no profundizar en las mismas, haciendo que las mismas parezcan vacías e incluso improvisadas de cara al público. Pero aún así, es necesario destacar la promesa de desarticular las ciento cincuenta organizaciones locales mediante la intensificación del patrullaje, de las labores de inteligencia, de la presencia de cámaras de videovigilancia en conjunto con un aumento de los controles en las rutas, en las fronteras, en el puerto y el espacio aéreo a la vez que se implementan medidas contra la corrupción y el lavado de activos. Una visión que parecería coincidir con la de Álvaro Delgado e incluso con las acciones de la actual administración, pero que no lo hace con el documento presentado desde su partido, haciendo que uno pueda preguntarse ¿qué será a la hora de gobernar?
Un detalle que no es menor cuando se considera que el Frente Amplio propone cambiar la normativa vigente sobre el tráfico de estupefacientes para así evitar que “el rigor punitivo recaiga sobre las personas y comunidades más vulnerables” implementando para ellos medidas alternativas con base en la perspectiva de género, siendo un enfoque que plantea un serio dilema pues a pesar que las instituciones deben evitar la criminalización de uno u otro sector de la sociedad, ¿cómo se previene el delito cuando se pretende dar arresto domiciliario o libertar a prueba a quien vende pasta base, marihuana o cocaína desde su hogar? Una pregunta que a lo largo de la campaña no han sido capaces de responder pese a que el propio documento establece como comunidad vulnerable a un amplio porcentaje de nuestra población mientras reconoce que se encuentran más expuestos a la violencia del crimen organizado, haciendo que sea obligatorio preguntar ¿cómo se protegerá a las familias de los estratos más carenciados cuando quien les amenaza se encuentra a una casa de distancia?
Lamentablemente, no recibiremos una respuesta en los seis días que restan para concurrir a las urnas, donde determinaremos si nuestro país se encuentra preparado para enfrentarse a las organizaciones criminales o si caerá en los mismos errores del pasado, entre ellos, el confiar en el equipo que acompañó al Ministro Bonomi.
