Guillermo Besozzi, el exintendente del departamento de Soriano en Uruguay y candidato a la reelección recibió este domingo (23) una multitudinaria manifestación de apoyo con miles de personas que fueron a ofrecerle su respaldo, ante la cuestionada imputación de la fiscal Stella Alciaturi por presuntos siete delitos, que para muchos es una decisión con fines netamente políticos. “Todos somos Besozzi”, es la proclama de los manifestantes.
En su campo, y con tobillera electrónica, tras la inexplicable imposición de la fiscal -como si el candidato se fuera a escapar – Besozzi recibió a los que manifestaron su desacuerdo con la actuación de la representante del Ministerio Público y la Justicia.
Las débiles acusaciones se caen por su propio peso, opinan juristas y el malestar se incrementa entre los ciudadanos que ven una maniobra para impedirle presentarse a la reelección en su departamento.
El político del Partido Nacional dijo a los medios de prensa: “Soy inocente, yo no hice nada” y agregó; “Si es por hacer gestiones (para ayudar a la gente) vamos a buscar a todos los intendentes, a todos los secretarios”, explicó.
En referencia a su postulación como candidato, Besozzi expresó: “La campaña la voy a hacer desde acá y haré un lanzamiento desde acá”, aseveró.
Sobre esto, en una clase magistral de buen periodismo, ese maestro que es el Dr. Leonardo Guzmán, escribió en su columna del diario EL PAÍS: “Nadie puede sentirse campeón de la Libertadores en la causa penal abierta a Guillermo Besozzi. Si como cuerpo ciudadano tomásemos altura para la reflexión, sentiríamos que todos tenemos mucho que meditar y aprender de esto que para el exintendente de Soriano y su gente es un drama””.
Y agregaba Guzmán: “Estremecía ver al ser humano Besozzi preso con tobillera, hablando desde su casa para repetir acongojado que nunca llevó un peso del erario a su bolsillo y mostrando que se siente un preso político. Trasparentaba sinceridad, perplejidad, dolor”.
El impactante artículo de Leonardo Guzmán, que con su sapiencia jurídica indiscutible, puntualizaba: “No saca buena nota la Fiscalía en disponer vejaciones innecesarias y saca buena nota el Juzgado en hacer tan poco que no puede decirse con propiedad que lo ocurrido sea una decisión de la Justicia. Pero esto, a su vez, no es falla de la titular del Juzgado sino defecto del Código del Proceso Penal, que fue mal parido por una unanimidad parlamentaria que, a la vista de los resultados, merece mala nota”.
Luego Guzmán expone una realidad: “Tampoco es para aplaudir sino para lamentar que no se haya publicado íntegra la requisitoria fiscal, dejando que las noticias se filtrasen por presas, haciendo que lo escrito por la Fiscal se reemplace por declaraciones e impidiendo que cada ciudadano se forme su propia composición de lugar, como corresponde a toda democracia”, concluyó.
Martín Aguirre, director del diario EL PAÍS, dice en su columna de este domingo sobre el caso Besozzi, algo que vale la pena reproducir:
“El segundo tema, por lejos el más grave, es lo que ocurre con la Fiscalía. Desde hace ya años esta oficina, que es clave para la confianza imprescindible que debe tener toda la sociedad en el proceso penal, ha perdido la credibilidad de la gente. Y no por culpa de los medios ni de campañas de enchastre, como insisten algunos.
El daño ha sido totalmente autoinfligido. Es obvio hasta para un completo lego, que esa oficina está plagada de divisiones, activismo político, que no da las garantías de custodia de la información privada que se le autoriza a recolectar, y que la mayoría de sus miembros no está preparado para el rol que les asignó el nuevo código.
Difícil identificar qué es peor, si que la fiscal de este caso tuviera decenas de posteos en sus redes de corte fanático frentista, o que algún jerarca haya creído que alguien así podía ocupar semejante cargo. ¿O fue por gusto?”
El Foro de São Paulo
Por otro lado debemos decir que surgen las dudas entre la ciudadanía si recordamos que el Foro de São Paulo tiene -entre sus cometidos- la toma de todas las instituciones y lo expone claramente en el Documento base del XXIII Encuentro del Foro de São Paulo desarrollado en Managua en 2017, donde expresa textualmente:
“La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación. La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto. Utilizando no solamente lo que pasa en cada país, sino lo que pasa en el resto del mundo, ya sea a nuestro favor o cuestionando al imperialismo”.
Luego, el manifiesto del Foro de São Paulo agrega: “La izquierda debe proponerse tomar todos los espacios posibles de radio, prensa y televisión, aunque sea a nivel de programas pagados para erosionar a los partidos de derecha y propagandear nuestro proyecto, a nivel local, nacional e internacional, entendiendo que todo ciudadano, independientemente de sus posiciones políticas, es objeto y sujeto de nuestra atención y para los cuáles siempre tiene que haber un discurso, de lo contrario seguiremos perdiendo el tiempo dirigiéndonos solamente a los sectores convencidos y desde una posición más sectaria que educativa”.
¿Se aplican en Uruguay estas imposiciones del Foro de São Paulo? Esa es la pregunta.
Martín Aguirre, director del diario EL PAÍS, dice en su columna de este domingo algo incuestionable sobre el caso Besozzi que vale la pena reproducir:
“El segundo tema, por lejos el más grave, es lo que ocurre con la Fiscalía. Desde hace ya años esta oficina, que es clave para la confianza imprescindible que debe tener toda la sociedad en el proceso penal, ha perdido la credibilidad de la gente. Y no por culpa de los medios ni de campañas de enchastre, como insisten algunos.
El daño ha sido totalmente autoinfligido. Es obvio hasta para un completo lego, que esa oficina está plagada de divisiones, activismo político, que no da las garantías de custodia de la información privada que se le autoriza a recolectar, y que la mayoría de sus miembros no está preparado para el rol que les asignó el nuevo código.
Difícil identificar qué es peor, si que la fiscal de este caso tuviera decenas de posteos en sus redes de corte fanático frentista, o que algún jerarca haya creído que alguien así podía ocupar semejante cargo. ¿O fue por gusto?”
Lo que debería hacer la Fiscalía en forma urgente es anular lo actuado por la fiscal Stella Alciaturi, por los tuits revelados de 2019, que comprueban su animosidad en contra del Partido Nacional, donde republicaba posteos demostrando sus preferencias políticas.
¿Nadie toma en cuenta esto?
Comments are closed.