En medio de un nuevo capítulo del escándalo de corrupción más emblemático de América Latina, el grupo brasileño Novonor —nombre actual de Odebrecht— reiteró este sábado su compromiso con el acuerdo de colaboración firmado con el Estado peruano, pese a la reciente decisión del Gobierno de Brasil de suspender la cooperación judicial con Perú.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía aseguró su “respeto irrestricto a todas las leyes aplicables en las diferentes jurisdicciones donde desarrolla sus actividades”, e hizo énfasis en que continúa cumpliendo “íntegramente” con sus obligaciones derivadas del acuerdo de colaboración suscrito con el Ministerio Público y la Procuraduría Pública del Perú.
Un acuerdo bajo tensión
El pronunciamiento de Novonor se produce un día después de que el Gobierno de Brasil advirtiera que no reanudará la colaboración con Perú en el marco del caso Odebrecht mientras las autoridades peruanas continúen usando pruebas que el Tribunal Supremo brasileño declaró nulas en 2023, por fallas procesales.
El comunicado de la empresa destaca que el acuerdo firmado con Perú no solo contempla la entrega de documentos y testimonios por parte de sus ejecutivos, sino también establece mecanismos de cooperación jurídica bilateral, los cuales deben respetar limitaciones precisas en cuanto al uso de pruebas.
Sin embargo, según Novonor, estas condiciones han sido ignoradas de forma sistemática desde 2018, lo que motivó la actual suspensión por parte de las autoridades brasileñas. “La presente suspensión de la cooperación jurídica internacional responde a reiterados incumplimientos […] debidamente documentados por la empresa y oportunamente comunicados a las autoridades de Brasil”, indicó.
Las pruebas en disputa
El núcleo de la controversia gira en torno al uso, por parte de la justicia peruana, de evidencias que el máximo tribunal brasileño anuló al considerar que fueron obtenidas sin el debido respeto al debido proceso. A pesar de ello, fiscales y jueces en Perú habrían continuado utilizándolas para sostener investigaciones y procesos judiciales por corrupción contra exfuncionarios y empresarios.
La Procuraduría General de Brasil ya había suspendido en abril de 2024, por tercera vez, su cooperación con Perú, y ahora el Ministerio de Justicia brasileño respalda esta decisión, en lo que parece marcar un punto de inflexión en la colaboración bilateral sobre el caso.
Una herencia de corrupción con impacto regional
Cabe recordar que Odebrecht confesó en 2016 ante la justicia de Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de doce países entre 2001 y 2016, en su mayoría en América Latina. Estos pagos ilícitos le habrían permitido asegurar contratos por más de 3.300 millones de dólares en proyectos de infraestructura.
Las revelaciones tuvieron un efecto sísmico en varios países de la región, provocando investigaciones, juicios y condenas contra figuras políticas de alto perfil, incluidos varios expresidentes.
En su comunicado, Novonor expresa su esperanza de que “se subsanen todos los incumplimientos” por parte de las autoridades peruanas, con el fin de restablecer “las condiciones de seguridad jurídica” necesarias para continuar con la colaboración internacional y preservar el Estado de Derecho.
