Ante el trágico asesinato de 13 mineros en el distrito de Pataz, región La Libertad, la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, anunció una serie de medidas excepcionales para restablecer el orden y garantizar la seguridad en el norte del país.
En un pronunciamiento oficial, la mandataria condenó enérgicamente los crímenes ocurridos y expresó su profundo pesar a las familias de las víctimas, reafirmando su compromiso de no ceder ante el crimen ni la violencia.
“En un máximo de 48 horas se implementará el toque de queda en la zona y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial, con el objetivo de proteger a la población y prevenir nuevos actos de violencia”, detalló la jefa de Estado.
Asimismo, se anunció la instalación de una base militar permanente en la provincia, lo que permitirá una presencia operativa continua del Estado en la región.
Solicitan facultades legislativas y paralización minera
Como parte de la estrategia integral de respuesta, el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para reforzar el marco normativo en la lucha contra el terrorismo urbano, con el fin de actuar con mayor eficacia ante amenazas criminales de esta naturaleza.
De forma complementaria, el Ejecutivo ordenó la suspensión total de las operaciones mineras en el distrito de Pataz por un periodo de 30 días, incluyendo las actividades inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Esta decisión busca facilitar el despliegue de las fuerzas del orden en la zona.
Reunión de alto nivel y responsabilidades compartidas
Las medidas fueron definidas en una reunión de emergencia encabezada por la presidenta Boluarte, en la que participaron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Justicia, Eduardo Arana; el ministro del Interior, Julio Díaz; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; así como altos mandos militares y policiales.
Durante el encuentro, se aclaró que el Ejecutivo actuó desde el primer momento en que se conocieron los hechos, aunque inicialmente la empresa minera negó la existencia de un secuestro.
“Cuando el Estado otorga una concesión minera, la responsabilidad sobre lo que ocurra en esa jurisdicción recae en la empresa, al tratarse de propiedad privada”, puntualizó el Gobierno.
Las autoridades reiteraron su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes y de no permitir que la violencia se imponga en el país.
