En una de las agresiones más graves contra las Fuerzas Armadas en los últimos años, el Ejército del Ecuador confirmó la muerte de 11 soldados y un militar herido durante una operación contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
El ataque ocurrió en el sector del Alto Punino, en la provincia de Orellana, cuando cuatro equipos militares, con un total de 80 efectivos, fueron emboscados por un grupo armado con fusiles, granadas y explosivos. Uno de los agresores también fue abatido durante el enfrentamiento.
Las autoridades ecuatorianas señalaron como responsables a los “Comandos de la Frontera”, una organización armada ilegal que opera en el sur de Colombia y mantiene vínculos con redes de narcotráfico y minería ilegal.
Recompensa por información
El Gobierno nacional activó la línea 131 para recibir información que permita dar con el paradero de los miembros de este grupo, y ofreció una recompensa, cuyo monto no fue especificado, a quienes colaboren con datos que lleven a la captura de los responsables.
La Presidencia calificó el hecho como “una acción terrorista que atenta contra la soberanía del país y la seguridad regional”, y reiteró su decisión de reforzar el control militar en zonas fronterizas afectadas por actividades ilícitas.
Colombia expresa su solidaridad
Desde Bogotá, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, condenó el ataque y lo atribuyó a disidencias de las FARC, afirmando que representa “una amenaza para toda la región”. Sánchez aseguró que Colombia está dispuesta a trabajar coordinadamente con Ecuador para fortalecer la seguridad en la frontera común.
Por su parte, el comandante del Ejército colombiano, general Luis Emilio Cardozo, se pronunció a través de la red social X (antes Twitter), donde expresó su solidaridad y ofreció apoyo en la búsqueda de los responsables. “Sabemos de la barbarie con la que actúan estos grupos terroristas”, escribió.
Contexto de violencia en la región
El Alto Punino, ubicado en una zona estratégica de la Amazonía ecuatoriana, ha sido foco de operaciones ilegales de extracción minera, donde organizaciones criminales disputan territorio. Las autoridades han incrementado operativos en los últimos meses, lo que ha generado una escalada de violencia en la región.
El país se encuentra en alerta mientras continúan las investigaciones y se refuerzan las medidas de seguridad en la provincia de Orellana y zonas limítrofes.
