La represión en Nicaragua no solo continúa sin tregua, sino que se ha convertido en una política de Estado sostenida y transnacional, dirigida contra quienes el gobierno de Daniel Ortega percibe como opositores. Así lo advirtió este viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ante el Consejo de Derechos Humanos, en una actualización alarmante sobre el deterioro de las garantías fundamentales en el país.
“La persecución ha dejado de ser episódica para convertirse en una práctica recurrente que pone en riesgo la vida e integridad de personas, incluso fuera del territorio nicaragüense”, advirtió Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales del ACNUDH.
Entre los sectores más afectados se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos y laicos, así como pueblos indígenas y afrodescendientes. Desde marzo, el régimen ha cancelado la personería jurídica de 18 nuevas organizaciones sin fines de lucro, sumando un total de 5.535 entidades disueltas arbitrariamente desde 2018, lo que representa más del 80% de las organizaciones registradas hasta 2017.
“Se trata de un desmantelamiento devastador del espacio cívico”, afirmó Kohonen Sheriff.
Libertad de prensa y religión: bajo asedio estatal
La situación de la prensa en Nicaragua es crítica. Desde 2018, al menos 178 periodistas se han visto forzados al exilio. Los que permanecen en el país operan bajo vigilancia, censura y amenazas constantes. El caso del periodista Leo Cárcamo, detenido en noviembre de 2024 y actualmente desaparecido, fue citado como un posible ejemplo de desaparición forzada.
Asimismo, el gobierno ha intensificado las restricciones a la libertad religiosa. En Semana Santa, se prohibieron procesiones en espacios públicos y se limitaron las celebraciones religiosas a los templos. Miembros del clero y laicos enfrentan interrogatorios, amenazas y exilios forzados.
Reformas legales agravan la concentración del poder
Una nueva Ley Electoral aprobada en marzo eliminó mecanismos fundamentales de participación democrática como el referéndum y el plebiscito. La norma también permite el proselitismo en oficinas públicas y prohíbe la participación política de personas desnacionalizadas o en el exilio.
Esta reforma, junto con la reforma constitucional de enero de 2025, compromete gravemente la existencia de un sistema multipartidista funcional. En paralelo, una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial ha socavado la independencia del sistema de justicia, al otorgar al Ejecutivo la capacidad de designar a la presidencia de la Corte Suprema y restringir el acceso público a los juicios penales.
Represión contra pueblos originarios y detenciones arbitrarias
La violencia institucional también impacta a pueblos indígenas y afrodescendientes. Nuevas reformas han sido aprobadas sin consulta previa ni consentimiento, mientras continúan los ataques a sus comunidades, incluyendo asesinatos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Kohonen Sheriff denunció que al menos 54 personas siguen detenidas arbitrariamente, diez de ellas indígenas. Además, se han documentado 13 posibles desapariciones forzadas, casos de tortura y condiciones inhumanas en los centros de detención. Uno de los más preocupantes es el de Aníbal Martín Rivas Reed, de 62 años, enfermo y desaparecido desde mayo.
Negación de ingreso y aislamiento internacional
La funcionaria también denunció que en lo que va del año 29 ciudadanos nicaragüenses han sido impedidos de regresar a su propio país, una práctica política que ha provocado la separación forzada de familias y ha afectado los derechos de la niñez.
Nicaragua, además, continúa alejándose de los mecanismos internacionales de protección. En los últimos meses, ha notificado su retiro de dos agencias clave de las Naciones Unidas: la UNESCO y la ACNUR.
Ante este panorama, la ONU instó al gobierno nicaragüense a reanudar el diálogo con la comunidad internacional y restablecer su compromiso con los derechos humanos. “Nuestra Oficina reitera su disposición a brindar asistencia técnica con este objetivo”, concluyó Kohonen Sheriff.
