Un grupo de relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, condenó la emisión de una orden de cierre por parte del Gobierno de Ecuador contra una ONG que defiende los derechos ambientales e indígenas, en otra demostración de intolerancia del presidente Rafael Correa que persigue a las organizaciones de derechos humanos en el país.
En un comunicado, los expertos calificaron el acto como una medida represiva para asfixiar a la sociedad civil.
La organización afectada, Acción Ecológica, había pedido el establecimiento de una Comisión de Paz y Verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales dos días antes de que el Ministerio de Medio Ambiente en Ecuador ordenara su disolución.
La medida contra la ONG, se da en medio de un conflicto con los indígenas Shuar que intentan detener la minería en sus tierras. Acción Ecológica había apoyado vocalmente a los manifestantes nativos.
Otros grupos no gubernamentales como Pachamama y Unión Nacional de Educadores también fueron disueltos por las autoridades en los últimos tres años.
“Parece que el Gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, indicaron los expertos, resaltando que Ecuador está infringiendo los estándares internacionales de derechos humanos y un hay desprecio sistemático por los llamamientos de la comunidad internacional a poner fin a las medidas represivas contra los grupos que defienden las garantías fundamentales.
Los relatores especiales exhortaron al Gobierno ecuatoriano a revocar la medida contra Acción Ecológica y le ofrecieron asistencia técnica para reformar la legislación restrictiva vigente.
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