La información fue enviada al Supremo Tribunal Federal (STF) esta semana, a solicitud del ministro Ricardo Lewandowski, en una decisión que dio curso a una solicitud de habeas corpus que pretende liberar a todas las mujeres embarazadas, que han dado a luz en hasta 45 Días) o madres de niños de hasta 12 años de edad bajo su responsabilidad que estén presas provisionalmente, o sea, encarceladas aún sin condena definitiva de la Justicia. De todas las mujeres presas actualmente en el país, el 43% aún no ha tenido sus casos juzgados en definitiva.
La admisión de la acción, impetrada por el Colectivo de Abogados en Derechos Humanos (CADHu), representa una actitud rara en la Corte, pues pretende beneficiar a un colectivo de personas, no a un solo individuo. Por la extensión de posibles efectos, el ministro Lewandowski intimidó a la Defensoría Pública de la Unión (DPU) para que manifestara interés en actuar en el caso, lo que ya ocurrió. “La preocupación de la Defensoría es con la protección que debe ser garantizada tanto a la gestante ya las madres que tienen niños pequeños que dependen de ella. La prioridad dada en estos casos debe ser para el bienestar de los niños, a fin de evitar que se cree en el ambiente de la cárcel “, dice el defensor Gustavo Ribeiro, responsable de representar la DPU ante el STF.
Gestantes encarceladas
Del total de mujeres presas, el 80% son madres y responsables principales, o incluso únicas, por los cuidados de hijas e hijos, por lo que los “efectos del encarcelamiento femenino generan otras graves consecuencias sociales”, informa el Depen.
En el pedido de informaciones al Ministerio de Justicia, el ministro Ricardo Lewandowski solicitó que se identificar a todas las mujeres embarazadas o madres de niños en la cárcel. Sólo diez estados proporcionaron los datos, enviando los nombres de 113 mujeres gestantes o con hijos que las acompañan en la cárcel, distribuidas por 41 unidades prisionales. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, sin embargo, estiman que ese número es mucho mayor.
En un estudio divulgado en junio, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) analizó la situación de la población femenina encarcelada que vive con hijos en unidades penitentes femeninas en el país, habiendo entrevistado al menos a 241 madres. Fiocruz diagnosticó que el 36% de ellas no tuvieron acceso adecuado a la asistencia prenatal; El 15% afirmó haber sufrido algún tipo de violencia; El 32% de las embarazadas presas no hicieron prueba de sífilis y el 4,6% de los niños nacieron con la forma congénita de la enfermedad.
Tráfico de drogas
En la comparación entre diferentes países, Brasil presenta la quinta mayor población carcelaria femenina del mundo, detrás de Estados Unidos (205.400 detenidas), China (103.766) Rusia (53.304) y Tailandia (44.751), según datos de Infopen Mujeres, lanzado En 2015. Del total de mujeres presas, el 60% está encarcelado por delitos relacionados con el tráfico de drogas. “El tráfico es siempre colocado como una gravedad inmensa, aunque la persona no tenga condenas, sea re-primaria, la gran regla es que sea presa”, critica el defensor federal Gustavo Ribeiro.
El Depen apunta que la mayoría de las mujeres sometidas a penas de privación de libertad “no tienen vinculación con grandes redes de organizaciones criminales, tampoco ocupan posiciones de gerencia o alto nivel y suelen ocupar posiciones coadyuvantes en estos tipos de crimen”, dice el documento enviado Al STF.
Muchas veces, añade Ribeiro, esas mujeres entran en el tráfico asumiendo papeles desempeñados por los compañeros después de ser arrestados o, en el caso del tráfico internacional, por ser aliciados, mediante pago o incluso amenaza, para llevar droga de un país a otro. El defensor destaca que existen reglas nacionales e internacionales, como las Reglas de Bangkok, de las Naciones Unidas, ya ratificadas por Brasil, que apuntan que medidas no privativas de libertad deben ser priorizadas en el juicio de casos de mujeres infractoras.
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