La ONU sigue siendo una fuente inagotable de contradicciones en cuanto al tratamiento parcializado que le dan a ciertas investigaciones algunos relatores, expertos o grupos de trabajo y para no extendernos vamos a referirnos a dos casos concretos.
Deberían ser imparciales, pero en ciertos casos no lo son y prima una visión de militantes políticos con informes sesgados y llenos de errores altamente criticables.
El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alfred de Zayas, hizo un informe parcializado a favor de la dictadura chavista y analiza desde su particular visión su visita a Venezuela en 2017.
En su informe De Zayas expone que en materia financiera el bloqueo contra la nación caribeña, ha impedido al Gobierno Nacional realizar los pagos correspondientes a la adquisición de alimentos y medicinas, esto como consecuencia del agravamiento de las operaciones financieras con bancos como Citibank, Commerzbank y el Deutsche Bank.
De Zayas manifestó que los efectos de las sanciones unilaterales y coercitivas aplicadas por los Estados Unidos y la Unión Europa contra el pueblo de Venezuela son considerados crímenes de lesa humanidad de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero el experto oculta deliberadamente que la grave crisis venezolana se inicia en 2013, cuando no existía ninguna sanción en contra de ese país.
De la brutal represión al pueblo de Venezuela, por parte del Estado, el experto De Zayas, parece que no vio nada. Lamentable.
Los separatistas catalanes presos
El Gobierno de España ha expresado a Naciones Unidas su malestar por un informe de su grupo de trabajo de detención arbitraria que solicita la puesta en libertad de varios de los políticos catalanes que permanecen en prisión preventiva y que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo.
La portavoz del Gobierno Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo ha presentado dos notas verbales en las que se solicita la revisión del informe por los errores y distorsiones que contiene y se alega conflicto de intereses. También ha emitido una queja porque no se respetó el plazo de embargo de 48 horas de que debía disponer el Gobierno antes de que el informe se trasladara a la parte denunciante.
El informe, ha afirmado Celaá, “parece desconocer el delito por el cual están inculpadas las personas que están en el procedimiento judicial y la separación de poderes, y hay una interferencia clara justo antes de que el Tribunal esté a pocos días de ver la causa para sentencia”.
El Gobierno también considera que existe conflicto de intereses, ya que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo de la ONU han compartido tareas como relatores con uno de los letrados de los políticos procesados. “Esto hubiera exigido su abstención en el tratamiento de este caso”, ha señalado la ministra.
