A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le falta imparcialidad, mientras cuestiona la presentación de un proyecto de ley para reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, propuesto por Cabildo Abierto en Uruguay, expresa que “observa con preocupación la presentación de proyecto de ley ante el Senado de la República, por el cual se propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura cívico-militar”, pero no pide por las reivindicaciones a las víctimas de la sedición, que siguen en el desamparo y sin ser reconocidas.
Los llamados “presos políticos”, durante el gobierno del Frente Amplio recibieron una compensación de por vida extensible a sus familias. Para esto se otorgaron “jubilaciones especiales y pensiones reparatorias que otorga el BPS (Banco de Previsión Social) con el objetivo de indemnizar a las personas que por motivos políticos, ideológicos o gremiales, se vieron obligadas a abandonar el territorio nacional, fueron detenidas o despedidas de sus trabajos entre 09/02/1973 y el 28/02/1985. De acuerdo a lo establecido en la ley que las ampara (Ley 18.033), tendrán derecho también sus causahabientes”.
Pero a las víctimas del terrorismo de la guerrilla urbana, nada, ni una pensión ni ayuda económica de ninguna especie y menos un reconocimiento.
Para la CIDH los muertos por la guerrilla armada no cuentan y ni hablar de resarcirlos. No les importa en lo más mínimo. ¿Son víctimas de segunda clase?. Parecería que si. ¿Por ellos no piden?
En un editorial el diario EL PAÍS de Montevideo del 10 de octubre de 2017, se explican claramente los hechos y que seguramente la CIDH los conoce pero calla:
Es una injusticia que se arrastra desde hace más de tres décadas: los familiares de las víctimas de los tupamaros nunca fueron compensados ni recibieron reparaciones ni reconocimientos de especie alguna. Entre ellos había policías, militares y simples civiles; 66 personas en total. Los uniformados murieron en defensa de las instituciones en tanto que los civiles fueron víctimas de actos terroristas cometidos por un grupo alzado contra el sistema democrático para instaurar un régimen castrista en Uruguay.
Para familiares de víctimas del terrorismo de Estado, para tupamaros, presos políticos, destituidos, perseguidos y demás damnificados por la dictadura se dictaron leyes de reparación que el Estado cumplió escrupulosamente. La inequidad entre ambas situaciones saltó a la vista hace tiempo, tanto que el propio Tabaré Vázquez en su primer gobierno propuso legislar para atender a estas otras víctimas olvidadas. Su propio partido político desestimó la iniciativa y algo similar pasó con proyectos que en su momento presentaron blancos y colorados.
Más claro imposible. El silencio de la CIDH es inexplicable.
