Una resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay, le ha dado la razón al Banco República (BROU) y, el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, deberá pagar los US$ 7 millones que le restan del polémico aval para la extinguida aerolínea española Cosmo, que además no tenía el patrimonio suficiente para presentarse en la subasta de los aviones.
El caso que generó uno de los mayores escándalos durante el gobierno de José Mujica, llega a su fin luego de varios años de litigio, donde el argentino López Mena intentó dejar sin efecto el pago del aval a la desconocida empresa Cosmo, que él gestionó ante el BROU. El fallo de la SCJ es una sentencia firme y no tiene posibilidades de ser recurrido.
Una historia oscura
En el año 2012, el gobierno del Frente Amplio, presidido por José Mujica, resolvió cesar las actividades de la aerolínea estatal Pluna, porque no pudo encontrar interesados que se hicieran cargo de la compañía aérea. Mujica procedió a rematar siete aeronaves CRJ 900 Bombardier de la exPluna Sociedad Anónima. Para ello según cuenta El País, aprobó una ley que creó un fideicomiso al que fueron transferidas las aeronaves y que quedaba fuera del concurso de acreedores. El objetivo era: con el dinero obtenido por la subasta, se procediera a pagar un crédito al banco canadiense The Bank Of Nova Scotia con el que se habían comprado los aviones. El Estado había salido de garante de ese crédito que fue gestionado por Pluna S.A., cuyo 75% estaba en manos de la firma Leadgate liderada por el empresario argentino Matías Campiani.
El 12 de setiembre de 2012, se realizó el fallido remate de los aviones de Pluna, donde el único oferente fue el argentino Hernán Calvo, representante de la aerolínea Cosmo de España, pero el escándalo estalló cuando se supo que Calvo era un ex empleado de López Mena y padrino de uno de los nietos del dueño de Buquebus.
Pero además según constató la Justicia uruguaya, Hernán Antonio Calvo Sánchez, se presentó al remate alterando sus nombres y apellidos, tal vez para evitar que se le relacionara con su antiguo empleador, López Mena.
La Suprema Corte, en coincidencia con la Fiscalía y la jueza de primera instancia, concluyó “que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y su comisión por parte del encausado”.
“Al expedir el documento con una verdad intrínseca falsa, el inculpado materializó el perjuicio a la fe pública, de manera tal que, “prima facie”, parece realizado con dolo. El perjuicio a la fe pública, entonces, se hizo efectivo cuando otorgó el instrumento, porque es en ese preciso momento cuando se configura el delito tipificado” se señala en el texto de la sentencia redactada por el Ministro Dr. Jorge Larrieux.
“Cabe preguntarse cómo es que llega el notario a estampar como nombre del mejor postor el de Antonio C. Sánchez, cuando lo único que éste tuvo frente a sí fue un pasaporte oficial del que surgía como nombre el de Hernán Antonio Calvo Sánchez” dice el documento, agregando que “para quienes conforman mayoría en esta decisión, no se logra arribar, por lo menos a esta altura del proceso, a una explicación razonable a la que pueda accederse” por lo que “habría incurrido en actuación dolosa, con la deliberada intención de ocultar la verdadera identidad del mejor postor”.
Hernán Antonio Calvo Sánchez, “el caballero de la derecha”
Según informó El Observador, el notario ocultó así el primer nombre y el primer apellido del hombre que ofreció US$ 137 millones por los siete aviones de Pluna: Hernán Antonio Calvo Sánchez señalado por el subastador como ‘el caballero de la derecha’. De esa forma, también quedó oculta para la prensa y la sociedad su vínculo con el empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus. Calvo Sánchez había trabajado para la filial española de Buquebus y es el padrino de uno de los nietos de López Mena.
Luego de comprobarse que la empresa que representaba Calvo Sánchez, no tenía el capital para hacer frente a esa compra toda la farsa se vino abajo y quedó al descubierto un hecho que terminaría en el fuero penal con el procesamiento de dos funcionarios del gobierno de Mujica, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia por otorgamiento de un aval a una empresa que carecía de patrimonio para recibir ese aval del banco estatal uruguayo.
En medio de un escándalo desatado por esa participación, y sin dinero para costear la compra de los aviones, Cosmo desistió de la misma.
Consultado por El País, el actual presidente del BROU, Salvador Ferrer calificó como una “buena noticia para el banco” esta sentencia de la SCJ, que “cierra un capítulo complejo” para la institución.
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