Relatores de la ONU visualizan sólo un lado de la historia uruguaya

Los relatores de la ONU, también deberían interesarse por otros casos que involucran violaciones a los derechos humanos en Uruguay que incluyen a las víctimas inocentes de los tupamaros

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Cancillería de Uruguay y la primera página de la carta de los relatores de la ONU (Foto: ICN Diario)

Relatores de las Naciones Unidas rechazaron en una carta dirigida al canciller uruguayo, Francisco Bustillo, una iniciativa propuesta por un partido de la coalición de Gobierno que significaría que integrantes de la última dictadura militar (1973-1985) encarcelados puedan cumplir las penas en su domicilio.

“Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley que regula la sustitución de oficio de penas privativas de libertad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”, dicen los relatores en la misiva divulgada por medios locales.

A principios de agosto, el partido Cabildo Abierto, liderado por el excomandante del Ejército y actual senador Guido Manini, presentó en la cámara alta un proyecto de ley para que los presos mayores de 65 años pasen a prisión domiciliaria.

Aunque el pedido se basa en una causa humanitaria, los relatores dijeron que de ser aprobado sentaría un precedente preocupante.

“Permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”, afirmaron.

El proyecto de ley exceptúa tres delitos para pasar a prisión domiciliaria –violación, homicidio y asociación para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra- aunque establece que si el acusado cumplió determinada parte de la pena podrá obtener el beneficio.

Los relatores de la ONU ignoran a las víctimas de la guerrilla

La carta al canciller Bustillo está firmada por Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Luciano Hazan, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Y aquí surge el cuestionamiento a estos Relatores de la ONU, donde se revela la sesgada mirada sobre hechos recientes, que si bien pueden hacer oir sus voces en este caso, preocupa que hayan guardado un ignominioso silencio cuando el gobierno del Frente Amplio, otorgó una pensión a presos políticos de la dictadura, pero les negó el mismo derecho a las víctimas de los guerrilleros tupamaros. ¿Acaso los inocentes que fueron asesinados por la barbarie de los terroristas, no merecen un resarcimiento?. Los muertos por los tupamaros necesitan que se les reconozcan sus derechos humanos y sus familias deben recibir una pensión, pero los Relatores de la ONU, callan en forma imperdonable. Muchos de esos tupamaros reciben una pensión del Estado, pero sus víctimas no.

En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se otorgaron pensiones o jubilaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. En 2020, pocos días antes de dejar su último mandato, Vázquez hizo que estas pensiones se trasladaran en un 100% a cónyuges o concubinos, e hijos menores o discapacitados, según explica un artículo del diario El País.

Pero lamentablemente, el expresidente Vázquez, no miró hacía el otro lado, ni él ni los legisladores del Frente Amplio, tuvieron en cuenta a las víctimas de la guerrilla tupamara, que asesinó a personas inocentes durante su accionar criminal durante años de gobiernos democráticos, previos a la dictadura militar (27 de junio de 1973 – 1 de marzo de 1985).

Estos son sólo algunos de los casos por los cuales los Relatores de la ONU deberían pedir reconocimiento

¿Es lógico que quienes asesinaron a inocentes hoy reciban una pensión de reparación y las víctimas nada?. Como ejemplo vale citar tan sólo unos pocos casos – entre varios – la ejecución por parte de los tupamaros de Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los terroristas estaban robando en dicha empresa. – 22/06/71.

El homicidio premeditado en plena democracia del peón rural Pascasio Báez ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido, se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros, que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”.

Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los tupamaros en su domicilio cuando intentaron robarle material quirúrgico. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar ante su esposa mientras los asesinos se dieron a la fuga. No había dictadura, el asesinato fue durante gobierno democrático.  –  04/05/72

Vicente Oroza, chofer de la empresa de transporte público Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. En el hecho, los tupamaros hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del autobus a los terroristas para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, asesinó a Oroza con varios balazos.  (28 de junio de 1972).

Pero estos son sólo algunos de los casos de víctimas de la guerrilla y de algún partido político de izquierda, que hasta el día de hoy no tienen reparación. La larga lista de asesinatos comienza en las décadas de los años cincuenta y sesenta, mucho antes del golpe militar y cuando Uruguay vivía en democracia (Ver: http://verdaduruguay.orgfree.com/)

Por esto, resulta imprescindible que los relatores de la ONU, se informen y no miren para un sólo lado de la historia.