“La conclusión del informe es que existen causas estructurales que dificultan el bienestar y la equidad en Cataluña que explican que una gran mayoría de la ciudadanía haya expresado su voluntad de decidir el futuro político de Cataluña para garantizar el progreso económico y el bienestar social del país “, destacó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.
Precisamente, ya preguntas de los medios de comunicación, la portavoz Munté ha referido a la última decisión del Gobierno de impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley de Acompañamiento de Presupuestos de la Generalidad, que recoge la creación de estructuras como el Agencia Tributaria catalana o la Seguridad Social. “Nos encontramos nuevamente con una situación conocida, y es que mientras el Govern hace política y avanza en estructuras de estado que entendemos que son del todo imprescindibles para poder implantar políticas públicas que dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos, el Estado responde con recursos a los tribunales “, ha denunciado Munté.
“No estamos haciendo nada ilegal”, aseguró la portavoz, que ha recordado que el Gobierno trabaja con un mandato parlamentario, por lo que el Gobierno no hará “ningún paso atrás en ningún sentido” y continuará buscando “vías alternativas “y” soluciones para cada dificultad que desde el punto de vista de la persecución judicial marca el Gobierno del Estado”. En este sentido, la vicepresidenta y portavoz ha detallado que, por su importancia estratégica, los trabajos en relación con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social “ya están muy avanzados”.
El consejero Homs comparecerá ante el Parlamento para presentar el informe
Munté también ha anunciado que el consejero de la Presidencia, Departamento que ha coordinado la recopilación de la información contenida en el estudio, pedirá comparecer ante el Parlamento para “compartir el informe con el conjunto de los grupos parlamentarios”.
Asimismo, el diagnóstico también se compartirá con el mundo local, ya que el Gobierno entiende que “es el principal afectado por esta ofensiva premeditada de ahogo económico y ataque a la identidad” y el conjunto de las entidades sociales y económicas del país. También formará parte del argumentario de la presencia de Cataluña en el exterior.
El informe contiene información actualizada hasta el viernes 26 de junio pero, según ha detallado la portavoz, irá incorporando todas las nuevas iniciativas del Estado que se inscriban en esta ofensiva recentralizadora.
Falta de diálogo y recentralización económica y normativa
Munté también ha explicado que el informe Crónica de una ofensiva premeditada: las consecuencias sobre las personas de Cataluña analiza tres grandes ámbitos: “la falta de diálogo del Gobierno estatal, la recentralización que practica a nivel económico, con una incidencia muy clara en el bienestar de las personas, así como la recentralización a nivel normativo “.
El estudio fue encargado por el Consejo Ejecutivo en la reunión del 3 de marzo, ante el goteo constante de decisiones del Estado que afectaban la autonomía de Cataluña. A través de un centenar de páginas, el documento analiza el proceso de recentralización de competencias que el Gobierno español ha hecho a nivel económico y normativo. En este sentido, contrapone la “inacción” del Estado en los diferentes procesos de negociación con Cataluña (traspasos, pacto fiscal, derecho a decidir) oa la hora de cumplir sentencias desfavorables a la “hiperactividad” para recentralizar y limitar el autogobierno catalán en todos los ámbitos de actuación, ya sean políticas sociales, económicas o institucionales. El trabajo también analiza la falta de voluntad de diálogo que ha mostrado ante la petición del Gobierno de buscar una solución negociada y pactada para satisfacer los deseos de una gran mayoría de la población catalana para decidir el futuro político del país.
1. Falta de voluntad de diálogo
Desde 1978, los sucesivos gobiernos de la Generalitat, de formaciones políticas diversas, han intentado siempre buscar soluciones dialogadas y pactadas, para garantizar el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y satisfacer los anhelos y deseos de una gran mayoría de la población catalana para decidir el futuro político del país. El documento relata, en este sentido, como el Gobierno de España ha “eliminado toda relación de diálogo” con las instituciones catalanas, con el largo proceso de negociación del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, recortado por el Tribunal constitucional tras ser refrendado por el pueblo catalán; la petición del pacto fiscal de 2012, “una vez manifestada la insostenibilidad de una financiación injusto”, o la demanda constante a las instituciones españolas de facilitar los mecanismos para hacer realidad el derecho a decidir del pueblo de Cataluña en el año 2014.
El informe constata que “no sólo no se han escuchado las demandas de la ciudadanía, sino que se ha topado contra un muro”. El Ejecutivo, de hecho, ha paralizado las relaciones bilaterales Estado-Generalitat: durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se ha reunido ninguno de los órganos bilaterales previstos para desplegar el Estatut, ni se ha aprobado ni ampliado hacia traspaso, a pesar de las reiteradas demandas de la Generalidad.
2. recentralización por la vía económica
El informe pone de manifiesto el ahogo económico al que el Estado ha sometido los últimos años las instituciones catalanas, con un modelo de financiación injusto y un déficit fiscal insostenible, que sitúa a Cataluña como el décimo territorio en recursos per cápita recibidos, por debajo de la media española, cuando es la tercera en aportación de recursos tributarios al sistema de financiación. Desde hace 25 años persiste el déficit fiscal que sufre Cataluña y que en 2011 se situó en los 15.006 millones de euros, el 7,7% del PIB, lo que equivale aproximadamente a todos los gastos de la Generalidad en salud, educación y bienestar social de 2011 o en la previsión de gastos del Estado en defensa y seguridad para ese año.
A todo ello hay que sumar la política para obstaculizar sistemáticamente todas las iniciativas que ha impulsado la Generalitat para conseguir nuevos ingresos y reducir los gastos sin afectar el estado del bienestar. El Gobierno español ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad casi sistemáticamente contra las medidas tributarias de la Generalidad, como las tasas judiciales, el euro por receta, el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear o el impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual.
Reducción de recursos con impacto sobre el estado del bienestar
En materia de bienestar social, el Estado ha incumplido el desarrollo de la Ley de la dependencia y ha recortado en 3 años un total de 240 millones de euros en Cataluña, que habrían permitido crear 13.000 nuevas plazas residenciales o incluir 26.500 personas al sistema de protección, entre otros. Aunque por ley debería aportar el 50% de la financiación pública, en 2014 el Estado sólo se hizo cargo del 17,5%, mientras que Cataluña tuvo que hacer frente al 82,5% restante. Si la Generalitat hubiera destinado los mismos recursos que el Estado, se habrían dejado de atender un 65% de beneficiarios de la norma. De hecho, este sobreesfuerzo económico ha permitido que cerca de 100.000 ciudadanos hayan recibido la prestación.
La sanidad sufre un déficit crónico de recursos, que se sitúa en el 10% del gasto total en salud del Estado. Los recursos per cápita de Cataluña están por debajo de la media española como consecuencia del modelo de financiación, lo que ha obligado a sacrificar la paga extraordinaria de los profesionales sanitarios durante 3 años consecutivos.
En enseñanza, aparte del ataque continuado al modelo de escuela catalana, desde 2010 las transferencias finalistas del Estado se han reducido un 98%: han pasado de 147,3 millones de euros en 2010 a una previsión de 2,87 millones para 2015. Se mantiene también la recentralización cultural del Estado, que los presupuestos de 2015 congela la aportación en cultura en Cataluña y, en cambio, aumenta el presupuesto de los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen o del Teatro Real. De hecho, desde 2011 se han reducido un 42 por ciento las aportaciones del Gobierno a los equipamientos culturales de Cataluña.
Reducción de recursos con impacto sobre la reactivación económica
La falta de inversiones en Cataluña ha sido constante a lo largo del tiempo y ha afectado a todos los ámbitos: Cercanías, corredor del Mediterráneo, accesos a los puertos, gestión aeroportuaria, carreteras … El Gobierno español debe 3.967 millones de euros al Gobierno de la Generalitat por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, que debía paliar el déficit crónico en infraestructuras. Con este importe se podrían hacer 4 regadíos como el Segarra-Garrigues, 20 lanzaderas ferroviarias en el aeropuerto del Prat o terminar la Línea 9 del metro.
Entre 2009 y 2014, la inversión del Estado en Cataluña se ha reducido un 71%, 22 puntos por encima de la media española. Este 2015 Cataluña es el tercer territorio por la cola en inversión: concentra sólo un 9,5% de la inversión total, la mitad del peso que tiene el PIB catalán en el conjunto del Estado. De hecho, es el porcentaje más bajo de los últimos 17 años. Tal como pone de manifiesto el informe, no se trata de una cuestión de disponibilidad presupuestaria, sino de voluntades, como demuestra el hecho de que sólo se haya ejecutado un 7% del Plan de Cercanías de Cataluña 2008-2015 y, en cambio , se haya ejecutado en un 100% el de Madrid.
En materia de empleo y relaciones laborales, el Estado ha reducido un 60% los fondos para políticas activas de empleo, lo que ha limitado la capacidad de la Generalitat para atender a personas con programas de orientación, formación y contratación. La discrecionalidad en el reparto de recursos también queda patente en el ámbito agrario. Mientras la UE y la Generalidad incrementan el presupuesto del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, el Estado sólo aporta el 7,3% de las ayudas, frente al 23% de otras comunidades.
3. recentralización por la vía normativa
El Gobierno del Estado ha impulsado una reforma administrativa basada en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (informe CORA) que, bajo la excusa de eliminar posibles duplicidades institucionales y administrativas, propone eliminar organismos sin valorar el reparto competencial. Propone que la Generalitat suprima instituciones y organismos estatutarios de fuerte implantación en Cataluña, como el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas o el Servicio Meteorológico de Cataluña.
Aparte de las figuras tributarias impugnadas por el Estado, el Gobierno español ha presentado hasta 19 recursos de inconstitucionalidad contra normas o disposiciones catalanas, entre las que destacan las que afectan al modelo catalán de comercio (horarios, rebajas, grandes equipamientos) o las que pretendían hacer frente a los casos de pobreza energética.
Hay que decir que, aunque esta cantidad elevada de asuntos que el Estado lleva a los tribunales, el mismo Gobierno incumple sistemáticamente la legalidad vigente y los compromisos adquiridos. Hace más de 15 años que incumple sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo favorables a la gestión territorializada del 0,7% del IRPF. Son un total de 12 sentencias incumplidas que implican que 20 millones recaudados en Cataluña no vuelvan al país. También hace más de 20 años que incumple la ley en materia de becas al estudio y no ha traspasado la titularidad a la Generalitat. De hecho, incluso después de 30 años de las primeras solicitudes aún no se ha cumplido la devolución total de los Papeles de Salamanca.
Ataque al modelo de escuela catalana
Las últimas páginas del informe se centran en el ataque constante que sufre la lengua y el modelo de escuela catalana, elemento de integración y cohesión del país que ha funcionado con éxito en los últimos 30 años. La aprobación de la Ley orgánica de la mejora de la calidad de la educación (LOMQE) ha introducido cambios profundos en el modelo de distribución de competencias, reduciendo a residuales las competencias territoriales. Esto, tal como pone de manifiesto el informe, imposibilita la continuidad del modelo de escuela inclusiva y del sistema de inmersión lingüística.
En paralelo, el trabajo constata el desprecio continuado a la lengua catalana. El Estado “no sólo no tiene por el catalán el respeto y la protección especiales a que se refiere el artículo 3 de la Constitución española, sino que lo incumple sistemáticamente con contenciosos permanentes que pretenden afectar el corpus normativo de la lengua” (5 leyes impugnadas por razones lingüísticas como son las leyes de educación, del cine, del occitano, de acogida y del Código de consumo). También constata la proliferación de iniciativas contrarias que avancen o desarrollen con normalidad la lengua (Lapa, decreto de trilingüismo en Baleares) y la “pasividad” del Estado ante posicionamientos catalanófobos.
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