La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que la medida responde a la preocupación social generada en las últimas semanas sobre la posibilidad de que las entidades financieras cobraran una doble comisión por ese motivo. “Solo podrá cobrar comisión el banco emisor de la tarjeta, pero nunca el banco dueño del cajero de donde se retire el efectivo. Por otro lado, el banco emisor de la tarjeta no podrá cobrar a su cliente más de lo que el banco titular del cajero le cobre a él por esa operación”, ha explicado. El decreto da seguridad y protege al consumidor, según ha afirmado la portavoz del Ejecutivo.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que cada año se producen en España más de 900 millones de operaciones de retirada de efectivo de los cajeros y que era necesario actuar con carácter de urgencia para solucionar este asunto.
Transparencia y competencia
El nuevo modelo, ha destacado el ministro, establece una serie de mecanismos para garantizar la transparencia y preservar la competencia. Las entidades propietarias de los cajeros deberán informar a los usuarios de la comisión que van a cobrar a su banco, y las comisiones acordadas entre las entidades no podrán ser discriminatorias y serán vigiladas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Las entidades deberán adaptarse al nuevo esquema antes del 1 de enero de 2016.
De Guindos ha detallado que cuando un cliente acuda al cajero de una entidad que no es la emisora de su tarjeta, antes de que retire el efectivo tendrá que ser informado de que la entidad propietaria del cajero va a cargar a su banco un determinado importe y que este banco se lo puede repercutir total o parcialmente. Si la entidad se lo repercute o no, dependerá de lo que el cliente haya pactado con su banco.
“En conclusión, con el nuevo modelo se evita que al ciudadano se le pueda cobrar una doble comisión”, ha asegurado. El ministro de Economía se ha mostrado convencido de que gracias a esta regulación las comisiones van a ser más reducidas que en la actualidad.
También en el ámbito del sector financiero, el Ejecutivo ha desarrollado mediante un Real Decreto la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias para regular el fondo de reserva que deben constituir estas fundaciones. Asimismo, el texto delimita el concepto de Entidad de Interés Público, que es la que está sometida a un régimen más estricto de auditoría.
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