Quito, (Andes).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reúne este martes en la sede del Ejecutivo con unos 70 familiares de desaparecidos en el país, a quienes ratificó la voluntad gubernamental para superar las deficiencias y avanzar en las pesquisas hasta dar con el paradero de las víctimas, al tiempo que enfatizó que estos hechos están relacionados con delitos comunes y no con crímenes de Estado.
“Jamás vamos a politizar estas reuniones, pero si alguien intenta politizarlas de todas maneras seguiremos adelante porque entendemos el dolor de los familiares, pero sí, algunas veces, cuando hay ciertos reclamos, pudiera suponer que esto es culpa del Estado, que es acción u omisión del Estado; muchas cosas de estas son delitos comunes estamos investigando; tal vez la responsabilidad del Estado es que no había puesto toda la institucionalidad y los recursos necesarios, y por eso en buena hora estas reuniones y se descubrieron tantas falencias, en eso no acabaré de pedirles disculpas, pero estamos avanzando”, remarcó.
Al iniciar el encuentro semestral de seguimiento de casos desde la Presidencia de la República, en particular de unos 75 más otros 20 que se suman a este listado, el mandatario consideró que esta práctica ha sido un acierto porque ha permitido avanzar y detectar falencias como la ausencia de una base de datos, cruce de información y de unidades especializadas.
“Ya se han dado algunos grandes avances, por ejemplo, se decidió la imprescriptibilidad (…) o sea pasaba un tiempo, no se resolvía el caso y se lo archivaban, y el caso no puede ser archivado hasta que se resuelva y saber con certeza qué pasó con la persona desaparecida”, aseveró.
A la cita acudieron el ministro Coordinador de Seguridad, César Navas; el del Interior, José Serrano; la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, el Fiscal general de la República, Galo Chiriboga, la ministra de Salud Pública, Carina Vance, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, y el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
El Fiscal Chiriboga expuso que existe un antes y un después de la primera reunión al más alto nivel con los familiares de desaparecidos en diciembre de 2013, lo cual derivó en una estrategia integral -impresa en 2014- para enfrentar la situación que ha permitido generar una estructura del Estado que no existía para atender esta situación.
En 2015, mencionó, fue publicado un manual donde están incluidos los protocolos, instructivos y formatos del sistema especializado de investigación, medicina legal y ciencias forenses y en particular en lo referido a los desaparecidos se generó un manual de custodia de indicios y un procedimiento para la utilización del laboratorio de ADN humano para generar un banco de datos.
Como resultado, informó que se han localizadas vivas cuatro personas y sin vida otras 22, al tiempo que permanecen en investigación otros 69 casos, y refirió que ya existen personas condenadas en estos casos aunque no se encontró el cuerpo debido a otras pruebas que fueron comprobadas.
“A partir del primer taller encontramos ya personas fallecidas que antes estaban desaparecidas –sabemos hoy que murieron- y encontramos incluso a personas vivas”, enfatizó.
Por su parte, el ministro Serrano enumeró las medidas adoptadas como parte de un plan integral de monitoreo presidencial a un número de casos emblemáticos, entre las cuales citó el sistema de apoyo a familiares de víctimas, la instalación de la línea 1800 delitos para las denuncias, el establecimiento de un plan de recompensas (con 200.000 dólares) y una campaña de difusión en los medios de comunicación.
Mencionó los esfuerzos para el fortalecimiento institucional encargada de atender estos casos por parte de los ministerios competentes, además de la existencia de 200 investigadores, más los 600 que pertenecen a la Dirección Naciones de Delitos contra la vida, Muertes violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinasep), además de la realización de capacitaciones por parte de expertos de Chile y España, y la instalación de unidades especiales de Fiscalía en las ciudades de Quito y Guayaquil con nueve equipos y con 11 equipos a nivel nacional.
“En los 69 casos que le estamos dando seguimiento presidencial, tenemos 10.741 acciones judiciales que se han tomado; 705 pericias específicas (..) y también acciones operativas 3.680. Las asistencias ministeriales han sido 319 asistencias psicológicas, 93 asistencias médicas, 373 asistencias sociales y 1.157 asistencias legales”, precisó.
Comentó la existencia de seis procesos disciplinarios en el sector policial y 10 en el sistema judicial con sanciones, destituciones y suspensiones, al tiempo que se redujo la rotación de fiscales e investigadores, que era uno de los problemas que fueron identificados como obstáculos en las pesquisas.
Una de las dificultades que persisten en la existencia de dos bases de datos, una en el registro civil (de 15 millones) y otra policial (de aproximadamente 80.000), que están siendo cotejados.
Según afirmó el titular del Interior, cada año se presentan unas 2.000 denuncias de desapariciones en Ecuador, de las que se están resolviendo el 94% de los casos.
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