El gobierno de Costa Rica celebró el “Día de la Abolición del Ejército”, iniciativa puesta en marcha por el Estado hace 67 años, cuando el entonces presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer, dio por abolido el Ejército Nacional del país.
“En Costa Rica no hay ejércitos, nuestros niños y niñas no son legiones. Hace 67 años cerramos los cuarteles para poder abrir escuelas; nuestros jóvenes trocaron sus armas por cuadernos y lápices –y hoy por más sofisticados artefactos-. Sus uniformes pasaron a ser escolares”, destaca un comunicado de prensa del Ejecutivo.
En esta línea el gobierno central destacó que a través de la historia recientes se ha construido un país educado, responsable socialmente, defensor de los derechos humanos y con altas aspiraciones de bienestar y desarrollo. Ante esto acotó que el Ejecutivo trabaja de forma ardua para disminuir las desigualdades, al tiempo de proporcionar a los ciudadanos mayores índices de bienestar, progreso y desarrollo.
“Cada día trabajamos por cerrar esas odiosas brechas que se han ido ensanchando, por brindar oportunidades a quienes buscan surgir y tener una vida digna para ellos y sus familias. Luchamos por que cada niña, niño y joven pueda tener una educación de calidad, que responda a las complejas demandas de los nuevos tiempos”, distingue la misiva.
En esta línea el Canciller Manuel A. González Sanz resaltó la vocación de paz de Costa Rica, asegurando que la decisión del Estado costarricense de abolir las FF.AA representa un paso a una sociedad más justa y culta.
“La fuerza de la razón ha prevalecido a lo largo de la historia costarricense, junto con los principios de libertad y democracia, la abolición del ejército es uno de esos pasos excepcionales en la dirección de convertir a Costa Rica en una sociedad más justa, más culta y que logre responder a las necesidades más apremiantes de su población, centrada en el desarrollo humano y no en el fortalecimiento de su capacidad militar”, aseguró.
Costa Rica, al renunciar unilateralmente al uso de la fuerza como medio para dirimir conflictos, ha privilegiado el Derecho Internacional para salvaguardar sus intereses nacionales, su soberanía y su Estado Social de Derecho.
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