Entre las medidas administrativas apuntadas como debilitantes de la política pública están la contención de las actividades del Grupo Especial de Fiscalización Móvil y de la fiscalización del trabajo; la no publicación de la lista sucia del trabajo esclavo; además de la publicación de la Ordenanza nº 1.129 / 2017, que altera el concepto de trabajo esclavo.
En cuanto a la actuación del grupo móvil, por ejemplo, el MPF afirma que, en 2015, fueron 155 operaciones; en 2016, 106; y en 2017, hay registro de apenas 18 operaciones realizadas por el grupo móvil.
En nota, el Ministerio de Trabajo informa, entre otros puntos, que no hay descuido de la cartera en relación al combate al trabajo esclavo. Dice, además, que de hecho, hace más de una década el número de personas rescatadas de la condición análoga a la esclavitud ha disminuido año a año. Pero que eso muestra la efectividad de la fiscalización, pues la práctica del delito está disminuyendo.
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