El director de la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior de Uruguay, Fernando Gil Díaz, dijo en su blog personal que “Uruguay se apronta a reconocer, con datos objetivos, una de sus peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro”.
La ola de delincuencia y de violencia que azota al país sudamericano, es analizada por el funcionario en un artículo bajo el título “Ultraviolentos”.
El artículo comienza señalando que El Uruguay se apronta a reconocer, con datos objetivos, una de sus peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro. Lejos de los guarismos a la baja con que cerró los años 2016 y 2017, este 2018 marcará un triste récord en materia de violencia. Una combinación de varios factores llevaron a esta realidad de la que quedará prueba inequívoca para entenderla e intentar buscar una solución que la revierta. Los niveles de violencia están concentrados en aspectos donde sólo un cambio cultural puede intervenir eficazmente, los mismos registros lo dejan claro. Pero pocos lo verán así y, en cambio, harán uso y abuso de esos datos para abonar a sus propios intereses. En esa práctica abusiva perdemos todos y, mientras tanto, Uruguay se desangra en manos de la violencia. Ultraviolentos, en eso están algunos uruguayos y lo dejan marcado a sangre…
Luego al analizar la combinación de factores, el autor explica:
Mensajes contradictorios o directamente ilógicos para el común de la sociedad son aliciente para algunos que ven campear su impunidad. Tristes fallos que se contraponen al sentido común y a toda lógica, dejan vía libre a delincuentes que viven del delito y no encuentran sanción acorde a su conducta. No son todos los casos, pero bastan algunos para que el mensaje se transmita y sirva de aliciente a esos colectivos que actúan al margen del acuerdo social que nos rige.
Decisiones judiciales que asignan custodias (en casos de violencia doméstica principalmente), restan fuerza efectiva al patrullaje y desarman la respuesta policial planificada. A tal punto que un importante contingente de policías son desafectados -junto a móviles policiales- del patrullaje y desvían a los equipos PADO de su función original. Las consecuencias son nefastas: menor respuesta operativa de las Unidades de Respuesta Policial en todo el país (con la mayor concentración en Montevideo y Canelones).
