El fiscal Harry Díaz del Ministerio Público de Panamá, ha pedido al Poder Judicial una condena de prisión de 21 años para el ex presidente Ricardo Martinelli, por supuestas escuchas ilegales a opositores y periodistas durante su mandato presidencial.
Martinelli, había estado viviendo en los EEUU y aceptó ser extraditado a su país, para ser juzgado por los delitos de los que se le acusa, que serían, interceptar telecomunicaciones sin autorización judicial, persecución y vigiliancia no autorizadas y peculado por sustracción o malversación.
El fiscal durante la lectura, que duró alrededor de hora y media, presentó 11 elementos de convicción que vinculan a Martinelli a la comisión de los delitos antes mencionados. Además, el fiscal dio constancia de 74 pruebas testimoniales, 48 pruebas documentales, así como dos pruebas periciales que se evaluarán previo a la etapa de juicio oral.
Díaz anunció también que se utilizarán 72 documentos para refrescar la memoria y/o superar o evidenciar contradicciones, a tenor del artículo 401 del Código Procesal Penal, que constan de entrevistas y declaraciones rendidas ante la fiscalía, así como copia de siete cuadernillos que contienen los resultados de la diligencia de inspección ocular practicada a un correo electrónico y otras diligencias judiciales.
En cuanto a las evidencias materiales a presentar en el juicio oral, el magistrado fiscal anunció ocho evidencias, entre las que destacan laptops, discos duros y discos compactos.
Finalmente, el magistrado fiscal solicitó la apertura del juicio oral contra el el expresidente.
Defensa presenta solicitudes de afectación de derechos y garantías fundamentales
Antes de la presentación de la acusación, al inicio del acto de audiencia, el magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de Garantías permitió que la defensa presentara algunas solicitudes especiales.
La palabra la tomó el abogado Roinier Ortíz quien indicó que, serían solicitudes de afectación de derechos y garantías fundamentales que argumentarían, en favor de su representado, al considerar “que no se habían respetado algunos derechos humanos de su defendido”.
