El sindicalista marítimo argentino, Omar “Caballo” Suárez, recibió este martes una buena noticia. El Tribunal Oral 4, que debe juzgarlo por entorpecer las vías navegables, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por los problemas de salud que arrastra. El ex jefe del SOMU será trasladado a la casa de su hija y lo controlarán con una pulsera electrónica según dispuso el Tribunal.
Luego de 27 años al frente del SOMU, el Sindicato Obreros Marítimos Unidos de Argentina, había marchado a la cárcel Omar “Caballo Suárez” y empezaron a “salir al aire” al mejor estilo Lázaro Báez, los diferentes detalles de su patrimonio. Fue un ferviente defensor de los gobiernos kirchneristas hoy acusados de corrupción y con Cristina Fernández de Kirchner procesada por diversos delitos.
El ex titular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos, Omar Suárez, tiene una larga relación con intercambio de favores con el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena. En 2006, Suárez ofició de anfitrión en el buque Juan Patricio, cedido por la empresa Buquebus para la oportunidad de la visita del Secretario General de la Organización Marítima Internacional, Efthimios Mitropoulos.
En 2011, Omar Suárez, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y director de la empresa naviera Maruba, anunciaba la incorporación de dos nuevos buques petroleros y el diario La Nación informaba que “Los buques tanque Neva Star y Tosna Star (que serán renominados Chubut y Neuquén, respectivamente), llegaron a Buenos Aires hace una semana. En el salón de preembarque de la Terminal de Buquebús se montó el escenario en el que estuvieron autoridades de la compañía (Samuel Rodríguez y su hijo Gustavo; Marcelo Sileoni, y Suárez); el dueño de casa, Juan Carlos López Mena; autoridades nacionales; el jefe de la CGT, Hugo Moyano; el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Omar Viviani; y los líderes de la Fempinra, Cayo Ayala y Juan Carlos Schmid”.
El SOMU, los favores recibidos y un montaje de película para liquidar al vapor de la carrera
El el libro de reciente edición: “Juan Carlos López Mena, de guante blanco”, en el capítulo “Otra denuncia en contra de Tamul S.A.”, (Desde 1992 Suárez ejercía como Secretario General de SOMU) y allí se puede leer lo siguiente:
El lunes 8 de marzo de 1993, se montó un descomunal operativo en la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires, en espera de la llegada, desde Montevideo, del vapor de la carrera, Ciudad de Mar del Plata II. (Desde 1992, Suárez ejercía como Secretario General de SOMU).
La Prefectura Naval Argentina, la DGI, Sanidad de Fronteras y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se encontraban prontos para realizar una inspección a bordo del buque mencionado. También, sugestivamente, se había preparado un escenario mediático, con la presencia en el lugar de los más importantes informativos de televisión, radios y periódicos argentinos.
Apenas el vapor estuvo atracado en el muelle, se procedió al allanamiento, que coincidía con otro operativo simultáneo de la DGI argentina en Lavalle 388, las oficinas de Tamul S.A., empresa propietaria de la nave Ciudad de Mar del Plata II.
En el allanamiento que se realizaba en el barco, todo era confusión, gritos y órdenes. Se inspeccionó toda la embarcación y se verificaron varias infracciones, según las autoridades actuantes.
La DGI “detectó” evasión de impuestos; Sanidad de Fronteras denunció falta de higiene en la cocina, en los baños, en depósitos y en el comedor de la tripulación; el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos presentó quejas porque, según la inspección, había tripulantes embarcados que no estaban registrados, a los cuales se les pagaba “en negro”.
También se agregaron denuncias de algunos presuntos “pasajeros”, entre ellas la de una señora que manifestó haberse sentido enferma luego de cenar en el buque.
El presidente del Directorio de Tamul S.A., José Antonio Mazzetti, denunció públicamente, en conferencia de prensa, a un alto funcionario de la DGI, integrante de un grupo de inspectores conocido como “Los Intocables”.
También otro inspector de esa dependencia fiscal fue señalado por el empresario al implicarlo en maniobras de extorsión y en violación de los deberes del funcionario público. Mazzetti explicó que se había reunido con el titular de la DGI, Ricardo Cossio, para exponerle el caso de los dos inspectores de esa repartición, los abogados, Enrique Carlos Carballo y José Julián Oriani, quienes, según el denunciante, estaban al servicio de Buquebus. Dijo que un año atrás la empresa de López Mena inició una acción judicial en Argentina, patrocinada por Carballo y Oriani en carácter de letrados de esa empresa naviera, contra el Estado argentino, para que no se permitiera a Tamul operar el ferry PrIncess en la línea Colonia-Buenos Aires. Mazzetti sostuvo en su declaración que esa actuación contra el Estado era incompatible con el carácter de funcionarios públicos de Carballo y Oriani, en tanto que eran miembros de la Dirección General Impositiva.
En esa causa judicial, la Justicia acogió parcialmente los requerimientos de Buquebus, y el titular de la empresa denunciada afirmó que esos hechos de hostigamiento estaban llevando a la quiebra a su empresa, en un intento de Buquebus por monopolizar a su favor el transporte fluvial entre Uruguay y Argentina.
El presidente de Tamul S.A. también involucró en el hostigamiento al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), al indicar públicamente que en la maniobra de desprestigio de su empresa naviera participaron seis activistas gremiales del SOMU, que embarcaron la noche del 8 de marzo de 1993 en Montevideo, dedicándose durante la travesía a destruir partes del buque y a ensuciar los baños con materias fecales. También aclaró que esos activistas, plenamente identificados con nombres y apellidos, habían sido denunciados ante la Prefectura Naval Argentina.
A juzgar por las declaraciones publicadas en la prensa argentina, el director de la DGI, Ricardo Cossio, se mostró sorprendido ante la denuncia de Mazzetti y se compro- metió a abrir un sumario contra los imputados Carballo y Oriani. A la vez que también se comprometió —según el empresario— a activar una denuncia promovida por Tamul en 1992 ante la DGI, por fraude fiscal, por la suma de seis millones de dólares. De acuerdo con esa denuncia, Buquebus se habría beneficiado, desde 1988, con la compra de combustibles desgravados. Según Mazzetti, su denuncia habría estado “escondida” en algún despacho de la DGI.
Años después, en 1999, en la publicación oficial de Buquebus, la revista en edición bilingüe de la empresa Los Cipreses S.A., presentada con el título BUQUEBUS – Acortando distancias, dentro de la sección donde se da a conocer la estructura gerencial de la compañía naviera, el doctor José J. Oriani aparece como asesor legal de la misma.
La empresa Tamul S.A. presentó una demanda por Daños y Perjuicios en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, N.º 46, a través de su socio e integrante del Directorio, Jorge Luis Delgado.
