Fueron 15 años donde la inseguridad estaba latente y los uruguayos, cercados por la delincuencia, padecían la ineficacia de quienes debían protegerlos.
Todo era un caos y las soluciones nunca llegaron. Las autoridades no podían contener un flagelo que cada día aumentaba y los delincuentes encontraban el terreno propicio para sus delitos. Robos, rapiñas, homicidios, violaciones, eran hechos verificables todos los días, mientras los ciudadanos ponían rejas en sus hogares para protegerse, los amigos de lo ajeno y los homicidas sembraban el terror en las calles.
En el 2014, por simple ejemplo, el subsecretario de ministerio del Interior, Jorge Vázquez (hermano del expresidente Tabaré Vázquez) dijo que es “mucho más preocupante las muertes por ajustes de cuentas y violencia intrafamiliar, en accidente de tránsito y por enfermedades tumorales”. “Si usted no es un delincuente que integra el crimen organizado ni tiene problemas familiares tiene pocas posibilidades de ser asesinado”, afirmó y aconsejó a los ciudadanos andar con poco dinero para evitar ser víctimas de robos. Pero las cifras de homicidios y las rapiñas fueron en aumento en los años siguientes.
Según un artículo publicado en el diario La República el 9 de julio de 2014, el jerarca ministerial señaló que las personas deben «manejar escaso dinero» e instrumentar «medidas de seguridad» al efectuar depósitos bancarios. Vázquez dijo que “no hay que crear alarmismo” sobre las cifras de homicidios ocurridas en el primer semestre que sumaron 260.
Las medidas efectivas para combatir la incipiente delincuencia nunca se aplicaron y el Plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, una consulta popular que tuvo lugar en Uruguay el 26 de octubre de 2014 y se votó junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias y que pretendía bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, no alcanzó los votos suficientes para ser aprobada.
Los menores infractores campeaban a sus anchas y una enorme campaña desde colectivos afines al gobierno, bajo el eslogan “No a la baja”, pedía que no se votara rebajar la edad de imputabilidad, mientras los delitos perpetrados por inimputables aumentaban en forma alarmante.
Lo curioso fue que la comisión creada para pedir que no se bajara la edad de imputabilidad, luego de conseguido su objetivo, desapareció y no dio soluciones y tampoco trató de imponer medidas alternativas para contener los delitos perpetrados por menores infractores.
Hoy, políticos de los gobiernos anteriores exigen respuestas a las nuevas autoridades del ministerio del Interior que apenas llevan siete meses tratando de combatir lo que no se pudo erradicar durante 15 años de gobiernos frenteamplistas. Un flagelo ya enquistado en la sociedad.
La herencia recibida
En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro del Interior Jorge Larrañaga respondió a legisladores de los anteriores gobiernos del Frente Amplio: “No buscamos excusas. Damos la cara, nos responsabilizamos y estamos enfrentando esta situación en todo el país” y agregó: “Nos preocupa y ocupa la situación”.
Puntualizó Larrañaga que “es un problema. Unos pocos en barrios terminan por complicidad y miedo generando el silencio de la mayoría de la gente que es honesta y trabajadora. Eso pasa en Montevideo, Canelones en área metropolitana y las principales ciudades del país”, aseveró
El ministro recordó que el 1º de marzo de 2020 el nuevo gobierno había recibido “una situación de emergencia en materia de seguridad pública, luego de fracasos durante 15 años en las políticas educativas, sociales y de seguridad” y aseveró que “se ha agregado a eso la droga como epicentro del cual se desprenden la comisión de muchos delitos”, añadió.
Los números de los últimos años
El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad a través del Ministerio del Interior de Uruguay, publicó – antes de entregar el gobierno el 1º de marzo pasado – las cifras de los delitos de rapiñas, hurtos y homicidios correspondientes al año 2019.
Homicidios
La comparación realizada entre el año 2018 y el año 2019 con relación a los homicidios, arroja que en el año 2018 se constataron 416 homicidios en todo el territorio nacional mientras que en el 2019 esa cifra fue de 391.
El 60% de los homicidios fue cometido en la vía pública u otros espacios abiertos y el 28% de ellos fue cometido en una residencia.
Entre los dos años se cometieron 807 asesinatos en el país.
Rapiñas
Tras realizar una comparación de las cifras de las rapiñas cometidas en 2018 con las cometidas en el año 2019 se puede evidenciar un aumento del 2,5%. En el año 2018 se registraron 29.897 rapiñas y en el año 2019 el número de elevó a 30.650, representando un aumento de 753 rapiñas a nivel nacional.
Hubo departamentos en los cuales las rapiñas descendieron como Canelones, Artigas, Colonia, Flores, San José, Soriano y Tacuarembó pero en el resto de los departamentos se produjo un aumento de este delito destacándose los departamento de Montevideo, Salto y Maldonado.
Tanto en el año 2018 como en el 2019 el mayor número de rapiñas registradas fue a transeúntes, seguidas por las rapiñas a motociclistas y las rapiñas a comercios.
Hurtos
En el caso del delito de hurto en el año 2018 se registraron 145.859 hurtos y en el 2019 fueron 139.623.
Entre 2018 y 2019 se cometieron 60.547 rapiñas (robos con violencia).
