Alberto Fernández, el presidente argentino, tiene detrás una extensa lista de incongruencias y desatinos que lo convierten en uno de los peores mandatarios de ese país de los últimos años.
¿Que seriedad se le puede otorgar a un político que durante mucho tiempo atacó en los medios a Cristina Kirchner con duros calificativos y cuando esta lo llamó para colocarlo en la fórmula presidencial, cambió agravios por elogios?
Nunca estuvo realmente al frente del Gobierno, fue maneable a los intereses de quien claramente es la que decide y cuando intentó actuar por su cuenta, fue lastimosamente humillado públicamente por la vicepresidenta y sus acólitos del kirchnerismo.
Un hombre que no tiene sentido del ridículo, comete errores y no aprende de ellos; al contrario los aumenta cada día.
Tanto este presidente “decorativo” como Cristina Kirchner, aborrecen la libertad de expresión, el libre uso de la democracia, la independencia del Poder Judicial al que tratan de someter y las limitaciones que les impone la Constitución para gobernar a su antojo, sin respetar lo que dice la Carta Magna.
Minutos después del “atentado” a la vicepresidenta, Fernández salió en cadena nacional a repudiar el hecho y en lugar de dar un mensaje conciliador, de paz, arremetió contra la oposición, el periodismo y el Poder Judicial.
En una parte de su discurso dijo el presidente: “Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”.
Pero el presidente nada dijo del discurso de odio, lanzado desde sus propias filas, ni del robo de las vacunas contra el Covid-19, para inocular primero a los miembros del gobierno y sus familiares, pasando por encima de la población de riesgo para la cual iban destinadas esas dosis. En Argentina la pandemia dejó 130.000 muertos:
“Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”. Esta frase la dijo el presidente Alberto Fernández, durante una entrevista con Perfil, el 12 abril de 2020 cuando los casos de Covid-19 en el país no llegaban a 5.000 y sólo había algo más de 200 víctimas fatales.
Alberto Fernández y su jefa Cristina Kirchner, quieren una Justicia que no juzgue los casos de corrupción en los que la vicepresidenta está imputada. Quieren un periodismo obsecuente y servil, que no investigue y que no muestre la realidad de un gobierno que va a la deriva. Quieren una oposición política que no hable en contra, que sean cómplices de sus decisiones inapropiadas.
Quieren culpar del supuesto “atentado”, a quienes no comulgan con sus ideas y son feroces al atacar a la oposición, tratando de amedrantarlos al mejor estilo mafioso.
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Y como los aliados del kirchnerismo no tienen límites para agredir entre muchos ataques y discursos de odio, vale recordar a la siempre desestabilizadora presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuando en 2019 se hablaba de comprar por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la pistolas Taser para combatir a la delincuencia, Bonafini dijo: “Yo, como no matan, quiero que las prueben con Antonia la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos, nietos y parientes de la Bullrich”.
Hace pocas horas otro antidemócrata, Leandro Busatto, jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, quiere expulsar da Camara de Diputados a la opositora Amalia Granata por opinar libremente sobre el presunto atentado a Cristina Kirchner y no creer que fuera real el presunto ataque. “Vamos a solicitar la remoción del cuerpo a la diputada Amalia Granata por considerar que su conducta choca con los principios democráticos de un cuerpo como la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe”, pero le aviso a Busatto que va a tener que ir contra millones de argentinos que piensan que el atentado ha sido una farsa y en un país democrático, la libertad de expresión y pensamiento debe estar garantizada.
Claro que Fernández de esto no habla… Salvo que Cristina se lo ordene.
