Denuncian censura al libro del periodista argentino que revela el pago de “indemnizaciones fraudulentas” del kirchnerismo

En una entrevista exclusiva con ICN Diario, el escritor e investigador argentino, José D’Angelo, narra la exhautiva investigación que ha realizado sobre documentos oficiales de su país que demuestran, sin lugar a dudas,  cómo se realizaron los pagos de indemnizaciones del Estado argentino a detenidos uruguayos durante la dictadura militar que a su vez cobraron por lo mismo en Uruguay

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El escritor y periodista argentino José D'Angelo en exclusiva con ICN Diario

El diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio) de Argentina, ha denunciado en las redes sociales que por presiones del kirchnerismo fue cancelado un acto que se iba a realizar este martes, a las 16, en la Biblioteca del Congreso, con la conferencia sobre el libro  “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y Millones”, del periodista e investigador José D’Angelo. La presentación iba a estar a cargo del analista político Rosendo Fraga.

José D’Angelo revela como ex guerrilleros uruguayos cobraron altas sumas del gobierno de Cristina Kirchner

ENTREVISTA EXCLUSIVA DE ICN DIARIO 

Una ampliación de denuncia presentada en Argentina ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro 4- Secretaría 7, a cargo del juez Ariel Lijo, revela las sumas millonarias que cobraron ex detenidos uruguayos de la guerrilla oriental en territorio argentino, durante los años de dictadura y en varios casos con muy poco tiempo de detención antes de ser enviados de regreso a Uruguay.

En una entrevista exclusiva con ICN Diario, el escritor e investigador argentino, José D’Angelo, narra la exhautiva investigación que ha realizado sobre documentos oficiales de su país que demuestran, sin lugar a dudas,  cómo se realizaron los pagos de indemnizaciones del Estado argentino a detenidos uruguayos durante la dictadura militar.

Las investigaciones de D’Angelo, presentadas en su denuncia judicial, revelan el resarcimiento que recibieron ex guerrilleros uruguayos por parte del gobierno de Cristina Kirchner. Personas que fueron detenidos en Argentina y a los pocos días enviados a Montevideo, donde continuaron con su detención, y que cobraron indemnizaciones en los dos países.

El miércoles 22 de junio de 2022, fue ampliada la denuncia iniciada en 2019 en la causa que investiga el juez federal Ariel Lijo. En esta ampliación se pide investigar a 23 personas de nacionalidad uruguaya, quienes habrían cobrado  altos resarcimientos económicos por parte del Estado argentino, por haber estado detenidas poco más de diez días en Argentina y más tarde extraditados a Uruguay.

En su ampliación de denuncia, el escritor y periodista José D’Angelo, narra:

“Cuando se produce el golpe de Estado miles de uruguayos llegaron a nuestro país que, y muchos militantes de las organizaciones mencionadas se unieron para formar, aquí en la Argentina, el “Partido para la Victoria del Pueblo”. Su objetivo era continuar la lucha contra el gobierno de Bordaberry y también operar con las organizaciones guerrilleras argentinas en su lucha por la instauración del socialismo. Un ejemplo – entre centenares que podrían darse – es el del uruguayo y tupamaro Rutilio Betancur Roth que murió en Catamarca en agosto de 1974 cuando, integrando una fracción del ERP (“Ejército Revolucionario del Pueblo”), atacó un cuartel del Ejército Argentino.

En el documento se señala que “En 2010, un estudio sobre la “Federación Anarquista Uruguaya” nos describe la primera acción con armas de este grupo de uruguayos en la Argentina: “Desde el principio, uno de los principales problemas de la organización ‘exterior’ fue su situación económica. Para solventar este problema, se decidió recurrir al frente armado. Los primeros operativos fueron realmente desalentadores”, explica D’Angelo ante la Justicia argentina.

El secuestro del gerente de Pepsi Cola en Buenos Aires

El investigador argentino explica en su denuncia que “El 31 de julio de 1973, un comando secuestra a Nelson Laurino, Gerente General de ‘Martín Coronado’, planta de la transnacional Pepsi Cola en Buenos Aires; pero la elección del objetivo fue equivocada y la acción fracasó ante el desinterés de la compañía estadounidense para pagar rescate; además, a raíz de la operación fueron detenidos dos activistas: Pablo Farias Lebduska y Aníbal Griot, dos veteranos de la OPR-33 (de Uruguay), capturados en uno de los intentos de cobro del rescate; finalmente, en el mes de noviembre, la organización optó por liberar al “retenido” sin obtener contrapartida alguna.” Cabe destacar, aclara el artículo, que “estas caídas no comprometieron a la organización ante las autoridades argentinas, puesto que lo detenidos se hicieron pasar por delincuentes comunes y evitaron toda sospecha al respecto”.

La millonaria indemnización

“Años después, el Estado argentino indemnizó a los secuestradores Farias Lebduska y Griot, en el marco de la ley 24.043, por haber estado detenidos, con $25.000.000 a cada uno, actualizado a mayo de 2022, según liquidaciones del Ministerio de Economía Nros. 4.930 y 6.054, respectivamente, en 1994 y 1995, con Alicia Pierini en la Secretaría de Derechos Humanos”.

Los casos de uruguayos detenidos en Argentina

El informe revelador de D’Angelo al juez argentino, no deja dudas porque lo que expone está avalado por documentos oficiales y en un profundo trabajo de investigación.

“En 1976 en Buenos Aires, según información oficial que se registra hoy en la página del Ministerio Público Fiscal de nuestro país,ii fueron detenidos varios ciudadanos uruguayos que, luego de pasar algunos pocos días en sitios de detención argentinos que se identifican, fueron trasladados por modo aéreo al Uruguay, adonde fueron “blanqueados” y puestos a disposición de la justicia y las autoridades uruguayas, permaneciendo presos varios años y luego recuperaron su libertad. Y aún, en algunos casos, ni siquiera fueron trasladados al Uruguay, sino que quedaron libres, a los pocos días, en la Argentina.

“En todos estos casos, a cada uno de estos uruguayos, el gobierno kirchnerista pagó multimillonarias indemnizaciones, actualizadas a mayo de 2022, como si todos los días en que estuvieron detenidos, lo hubieran sido en jurisdicción argentina”, revela la denuncia.

La lista de uruguayos detenidos en Argentina y las cifras millonarias que recibieron, al valor de hoy

1- GASTÓN ZINA FIGUEREDO: uruguayo. Detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado el 24 de mismo mes al Uruguay. Cumplió condena en el penal “Libertad” y en 1978 fue liberado. Estuvo 9 días detenido por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández (de Kirchner), en liquidación N° 13.927 del Ministerio de Economía, la suma de $ 25.783.575,54.-
2- BEATRIZ VICTORIA BARBOZA SÁNCHEZ: uruguaya. El 30 de septiembre de 1976 fue detenida en Buenos Aires. Ese mismo día fue trasladada a Uruguay y en su país estuvo detenida en el Penal de “Punta de Rieles” hasta el 30 de septiembre de 1980. Estuvo un día detenida por autoridades argentinas y cuatro años en jurisdicción uruguaya. Cobró del Estado argentino, en agosto de 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 15.436, la suma de $ 7.693.537.-
3- VÍCTOR HUGO LUBIÁN PELÁEZ y MARTA AMALIA PETRIDES: argentino, él; ella,  uruguaya. Casados. El 15 de julio de 1976 fueron detenidos en el Gran Buenos Aires y el 24, trasladados a Uruguay. Al ser liberados se exiliaron en Suecia. Estuvieron 9 días detenidos por autoridades argentinas y se desconoce qué período bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobraron, respectivamente, del Estado argentino, durante el gobierno de Cristina Fernández, Lubián Peláez: $ 16.548.067,96.-, en liquidación N° 14.139, de junio de 2011, y Petrides, $ 7.006.651,23.-, en liquidación N° 14.138, de noviembre de 2010. Por los 9 días de detención del matrimonio Lubián – Petrides en nuestro país, el Estado argentino abonó $23.554.719.-
4- ANA MARÍA SALVO SÁNCHEZ: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires. El 24 de julio, fue trasladada al Uruguay adonde fue encarcelada un año y medio. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.981, la suma de $ 9.515.130,97.-
5- ALICIA RAQUEL CADENAS RAVELA: uruguaya. El 14 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y el 24 la repatriaron forzadamente a Uruguay, donde permaneció detenida hasta 1979, en que se exilió a Suecia. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y tres años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.987, la suma de $ 8.036.876.-
6- MARÍA ELBA RAMA MOLLA: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada a su país el 24. En Uruguay estuvo cinco años detenida en el establecimiento de reclusión en Punta Rieles. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y cinco años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.449, la suma de $ 17.266.873,65.-
7- SARA RITA MÉNDEZ LOMPODIO: uruguaya. El 13 de julio de 1976, en Buenos Aires, fue detenida y el 24 fue trasladada a Montevideo. Estuvo detenida en Uruguay y, años más tarde, liberada. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas y cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 13.450, de octubre de 2007, por la suma de $ 16.388.192,71.- y la segunda, en liquidación N° 16.066, de marzo de 2015, por la suma de $ 5.726.788,21.-, lo que hace un total de $22.114.980.- ; ambos pagos durante el gobierno de Cristina Fernández.
8- ASILÚ SONIA MACEIRO PÉREZ: uruguaya. El 13 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y el 24 trasladada a Montevideo. Años más tarde, fue liberada.
Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas y cobró del Estado argentino, en enero de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.232, la suma de $ 5.724.515.-
9- ANA INÉS QUADROS HERRERA: uruguaya. Detenida en Buenos Aires el 13 de julio de 1976 y el 24 repatriada forzadamente. Permaneció detenida en su país.
Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.626, la suma de $ 16.554.758,32.-
10- EDUARDO DEAN BERMÚDEZ: uruguayo. Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, fue repatriado forzadamente el 24 y permaneció detenido en su país, donde tiempo después recuperó la libertad. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en noviembre de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.028, la suma de $ 7.250.446.-
11- SERGIO RUBÉN LÓPEZ BURGOS: uruguayo. Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires y llevado a su país el 24. Alojado en un instituto penal uruguayo donde permaneció hasta 1981. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y cinco años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en septiembre de 2007, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.435, la suma de $ 24.613.413.-
12- RAQUEL NOGUEIRA PAULLIER: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires. El 24 fue trasladada a Montevideo. Fue derivada a un establecimiento penal y liberada en enero de 1978. Tiempo después emigró a Suecia. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 14.008, de noviembre de 2009, por $ 3.557.131.- y la segunda, en liquidación N° 14.009, también de noviembre de 2009, por $ 22.246.325.-, lo que hace un total de $25.803.456.-; ambos pagos durante el gobierno de Cristina Fernández.
13- MARGARITA MICHELINI DELLE PIANE: uruguaya. Fue detenida el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires. Once días después fue trasladada a Uruguay. Encarcelada en establecimientos penales uruguayos, recuperó su libertad en mayo de 1981. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y cuatro años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en marzo de 2007, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.448, la suma de $ 16.077.258.-
14- RAÚL ALTUNA FACAL: uruguayo. Fue detenido el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires. Once días después fue trasladado a Uruguay. Luego de 4 años recluido en distintos establecimientos penales uruguayos, en mayo de 1981 recuperó su libertad. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y cuatro años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado Cobró del Estado argentino, en noviembre de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.028, la suma de $ 7.250.446.-
15- CECILIA IRENE GAYOSO JÁUREGUI: uruguaya. Detenida el 8 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada al Uruguay el 24, adonde estuvo en prisión hasta el 31 de diciembre de 1977. Estuvo 16 días detenida por autoridades argentinas y un año bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.394, la suma de $ 3.139.271.-
16- MARÍA MÓNICA SOLIÑO PLATERO: uruguaya. Detenida el día 7 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada al Uruguay el 24. Estuvo presa en el Penal de “Punta de Rieles”, de donde fue liberada el 31 de diciembre de 1977. Estuvo 17 días detenida por autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en abril de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.764, la suma de $ 5.203.510.-
17- MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ADDIEGO: uruguaya. Detenida el 15 de junio de 1976 en Buenos Aires y liberada, también en Buenos Aires, el día 21 del mismo mes. Se exilió en Suecia, viajando a Estocolmo, un mes después, el 23 de julio de 1976. Estuvo 6 días detenida por autoridades argentinas y cobró del Estado nacional, en julio de 2006, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.260, la suma de $ 17.351.982.-
18- JORGE GONZÁLEZ CARDOZO: uruguayo. Detenido el 15 de junio de 1976, en el Gran Buenos Aires. El 24 de julio lo trasladaron a Uruguay adonde estuvo encarcelado en el centro de detención conocido como “La Mansión”. Tiempo después recuperó la libertad. Estuvo 40 días detenido por autoridades argentinas y un periodo no consignado de tiempo bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en julio de 2005, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.157, la suma de $ 28.660.665.-
19- MARÍA DEL PILAR NORES MONTEDÓNICO: uruguaya. Detenida el 9 de junio de 1976, en Buenos Aires. El 20 de julio de ese año fue trasladada a Montevideo en un vuelo de “Pluna”. Encarcelada en su país, recuperó su libertad, el 22 de diciembre de 1976. Estuvo 49 días detenida por autoridades argentinas y cinco meses bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, de febrero de 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 16.017, la suma de $ 10.102.002.-
20- ORLINDA BRENDA FALERO FERRARI y JOSE LUIS MUÑOZ BARBACHAN: uruguayos. El 9 de junio de 1976 fueron detenidos en Buenos Aires y “cuatro o seis días después”, liberados en el barrio de Floresta en la capital argentina. El 30 de septiembre de 1976, con el patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), viajaron exiliados a Francia. Estuvieron “4 o 6” días detenidos por autoridades argentinas y cobraron, respectivamente, del Estado argentino, Falero Ferrari: $ 15.284.427.-, en liquidación N° 15.771, de septiembre de 2014 y Muñoz Barbachan, $ 16.066.448.-, en liquidación N° 15.666, de agosto de 2014. Por los “4 o 6” días de detención del matrimonio Muñoz Barbachan – Falero Ferrari, el Estado argentino, durante el gobierno de Cristina Fernández, abonó $31.350.875.-
21- CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ: uruguayo. En 1973, una vez instaurada la dictadura en Uruguay, se radica en la Argentina. El 30 de junio de 1976 fue detenido en la vía pública cerca del barrio de Flores, Capital Federal. El 24 de julio de 1976 fue trasladado clandestinamente a Montevideo. Liberado en el año 1982. Tiempo después emigró a Suecia. Estuvo 24 días detenido por autoridades argentinas y seis años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 14.010, de noviembre de 2009, por $ 4.071.275.- y la segunda, en liquidación N° 14.011, también de noviembre de 2009, por $ 67.628.537.-, lo que hace un total de $71.699.812.-; ambos pagos durante el gobierno de Cristina Fernández.

La denuncia: “Perjuicio efectivo ocasionado al patrimonio público y consecuentemente a los ciudadanos argentinos”

La denuncia del periodista José D’Angelo, que se sustancia en el juzgado del magistrado argentino Ariel Lijo, señala que en Argentina se pagaron indemnizaciones a los detenidos uruguayos, “extendiendo indebidamente el beneficio a periodos en los que los afectados no se encontraban detenidos en la República Argentina”, sino en su país.

“La invocación de leyes reparatorias, con el fin de obtener indemnizaciones indebidas, la tramitación de los respectivos expedientes, la decisión de pagarlas, y su cobro constituyen los presupuestos de la comisión de los delitos de fraude agravado contra la Administración Pública, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y quienes al amparo de la ley 24.043 cobraron importantes sumas de dinero provenientes del erario público lo hicieron fraudulentamente.

No cabe duda del perjuicio efectivo ocasionado al patrimonio público y consecuentemente a los ciudadanos argentinos.
El malicioso obrar denunciado, no sólo afecta el patrimonio de los argentinos, sino que presenta como verdad una falsedad inaceptable, extendiendo indebidamente el beneficio a periodos en los que los afectados no se encontraban detenidos en la República Argentina por disposición del PEN o tribunales militares como la ley 24043 exige como condición inexcusable, obteniendo de tal manera el cobro simulándose acreedores del Estado argentino, en otros términos, logrando una disposición patrimonial perjudicial e ilegítima viciada en la motivación por el error provocado por el engaño mediante el que se crearon obligaciones inexistentes para el Estado argentino”.

Fraude al Estado argentino

En el escrito queda claramente demostrado que “Resultan responsables del fraude no sólo los causahabientes que recibieran indebidamente las indemnizaciones, sino también quienes los hubieren asesorado, los que intervinieron con conocimiento de la falsedad en la tramitación y cobro, así como también los funcionarios públicos que aprobaron dichos pagos a sabiendas que no correspondían o sin realizar las diligencias necesarias a fin de verificar la procedencia del beneficio”.

Perfil del entrevistado:

José Luis D’Angelo Rodríguez (Mendoza, 1956), militar y periodista. Alumno en primaria y secundaria del Colegio Don Jaime en Bella Vista, GBA. Egresó del Colegio Militar de la Nación como Subteniente de infantería en 1980. Tuvo diversos destinos en el interior del país e hizo el Curso de Andinismo en la Escuela Militar de Montaña en Bariloche.
En 1987 y 1988, participó en los episodios pro- tagonizados por los denominados carapintadas. En 1989, encuadrado en la Compañía de Comandos 601, intervino en la recuperación de los cuarteles de La Tablada tras el ataque guerrillero del movimiento “Todos por la Patria”. Fue pasado a retiro obligatorio en 1993.
A partir del año 2000 creó y dirigió diversas publicaciones periodísticas, como El Diario de Bolsillo, y las revistas B1 – Vitamina para la Memoria de la Guerra en los ’70 y Madriz.
Actualmente prepara dos nuevos libros sobre los años setenta; uno sobre los “números verdaderos” de aquellos años en la Argentina y un trabajo de investigación sobre los niños apropiados.
Es miembro fundador de “Argentinos por la Concordia Nacional”, asociación que agrupa a combatientes guerrilleros y miembros de las FFAA y a víctimas de ambos lados, que buscan superar en conjunto las secuelas de los violentos conflictos del pasado.

Los libros

José D’Angelo es autor de libros fundamentales para conocer el pasado reciente y que se pueden adquirir a través de la web: www.estafadesaparecidos.com/index.html en la República Argentina.