En una declaración emitida este miércoles, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo estar al borde de un “golpe de Estado” tras la presentación de una ponencia favorable por parte de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta ponencia sugiere formular cargos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial.
El mandatario expresó su preocupación y cuestionó la constitucionalidad del proceso, destacando que la Constitución establece que el Presidente de la República no puede ser juzgado por una entidad distinta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. “¿Por qué dos entidades pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia”, afirmó Petro durante una jornada de ‘Gobierno con los barrios populares’ en Cartagena de Indias.
Los magistrados del CNE a cargo de la investigación, Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, han radicado una ponencia que también solicita formular cargos contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de campaña de Petro.
En respuesta a estos acontecimientos, Petro manifestó que esta acción privaría a más de 11 millones de colombianos de sus derechos políticos, subrayando que no se trata de una decisión judicial, sino de un intento de la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción de desestabilizar su mandato.
“No porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el Presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, señaló el presidente Petro.
Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso con el pueblo colombiano y su determinación de seguir en el cargo “hasta donde el pueblo diga”.
La ponencia presentada por los dos magistrados será discutida por la sala plena del CNE, compuesta por nueve miembros, que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso. Este caso se remonta a febrero de 2023, cuando el CNE abrió una indagación preliminar contra la campaña presidencial de Petro por presuntas irregularidades en su financiación.
