Comisión contra la Impunidad responde a las acusaciones de corrupción difundidas por presidente de Guatemala

En este sentido el representante de la CICIG Iván Velázquez aseguró que las campañas de desprestigio difamación y amenaza se “han incrementado” desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder

0
230
El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Foto. CICIG

El director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velázquez respondió a las acusaciones realizadas por el Ejecutivo de esta nación,  encabezado por su presidente Jimmy Morales, quien aseguró que  el organismo internacional incurrió  en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción en el país.

Ante esto el máximo representante de la CICIG aseguró que desde la creación de la entidad en 2007, la labor de la institución  se ha centrado en apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala por medio de la persecución penal de grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales, además de promover reformas que conduzcan a una mayor transparencia en el país.

“Desde su establecimiento en el año 2007, la CICIG ha trabajado decididamente en cumplimiento de su mandato acompañando a las instituciones nacionales para la identificación y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como promoviendo reformas legales e institucionales que impidan su reaparición”, dijo.

Las declaraciones las realizó Velázquez mediante una carta dirigida a António Guterres, Secretario General de la ONU, donde explica las acciones llevadas a cabo por la CICIG, al tiempo de agradecer el respaldo de la ONU en sus tareas.

“Fruto de este trabajo, la Comisión ha apoyado más de cien casos ante los tribunales nacionales, la gran mayoría con un gran impacto, ha identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales”, argumentó.

En este sentido el representante de la CICIG aseguró que las campañas de desprestigio, difamación y amenaza se “han incrementado” desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder.

“Ello es previsible con respecto a un ente que tiene por finalidad la persecución de estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima”, detalló.