El Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Miguel Antonio Ceballos informó que fueron expulsados de la lista de desmovilizados de la extinta guerrilla de las Farc a seis capos del narcotráfico, luego que estos fuesen denunciados por el gobierno de Estados Unidos como delincuentes de alto riesgo tras el resultado de una investigación conjunta entre la Agencia Antinarcóticos de EE. UU. (DEA) y la Policía Nacional.
“Se dio a conocer por parte de mi oficina el retiro de varias personas de las listas de las Farc a raíz de la solicitud de Estados Unidos, en la cual menciona una serie de nombres que identifica su gobierno como los mayores narcotraficantes del mundo. De esa lista salieron seis personas”, expresó Ceballos.
En este sentido trascendió que la idea de los narcotraficantes era gozar de los beneficios jurídicos de la Justicia Especial para la Paz (JEP) instaurada por el Ejecutivo, dentro de los que se cuenta evitar la extradición a países como Estados Unidos.
“Hay una gran preocupación expresada por el Gobierno de Estados Unidos, pero no solamente debemos centrarnos en ese país, sino en cualquier país que tenga cooperación judicial”, expresó.
Por otra parte el Alto Comisionado para la Paz, hizo este lunes un llamado al Senado de la República a que “debata con profundidad las objeciones” al proyecto de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentadas por el Presidente Iván Duque al Congreso, al tiempo de advertir sobre los riesgos que implica que su oficina pierda la facultad de verificar los listados de acreditación de miembros de grupos armados en los procesos de paz.
“De no tener claridad sobre la función del Alto Comisionado para la Paz para verificar la pertenencia a un grupo armado, quedarían vacíos que permitirían que oportunistas quisieran hacerse parte de las listas”, señaló Ceballos.
De la misma forma la Jurisdicción Especial para la Paz reiteró que no admite “colados” y reveló que desde 2018, cuando comenzó a operar, la Sección de Revisión ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición, consagrada en el artículo transitorio 19 de la Constitución Política.
A la fecha, la JEP ha recibido 58 solicitudes de garantía de no extradición, 43 han sido rechazadas, 7 avocadas y 8 están en estudio preliminar.
Las 43 personas rechazadas habían solicitado a la JEP conocer sus casos, ya que alegaban ser parte de las extintas Farc – EP. Además, argumentaron que sobre ellos pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
