La organización pro defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, Cristosal, junto a otras seis ONGs han asegurado que a la fecha se registran 4,564 denuncias por violaciones a los derechos fundamentales bajo el régimen de excepción instaurado el pasado mes de marzo de 2022 por el gobierno de Nayid Bukele para controlar las acciones delictuales de las pandillas en el territorio salvadoreño.
En esta línea la ONG con presencia en Honduras, Guatemala y El Salvador ha asegurado que muchos ciudadanos son víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas y violencia por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
“Organizaciones hacen un llamado al Estado para que vele por los derechos de las personas detenidas, cumpla con el debido proceso e investigue los casos de personas con enfermedades crónicas y muertes en centros penitenciarios o durante la detención”, ha señalado.
A su vez especifica que el régimen de excepción expone a toda la ciudadanía a procesos judiciales sin garantía. Los jóvenes son uno de los sectores de la población más estigmatizado por el régimen de Bukele. Hasta el 24 de enero, Cristosal recibió 3,145 denuncias. 96.7% de las denuncias han sido por detención arbitraria.
Por otra parte Rina Montti, directora de investigación de Cristosal, ha detallado que la mayor cantidad de las denuncias son realizadas por mujeres, quienes buscan estructurar mejores condiciones familiares, ir en defensa de los suyos, al tiempo de ser víctimas de las mismas injusticias presentadas.
Las mujeres “responden ante estos hechos buscando soluciones para las necesidades inmediatas, pero también para la mejora de las condiciones familiares”, ha señalado la ONG.
Por último ha trascendido que que la población LGTBIQ+ también ha sido víctima de este régimen de excepción, con “casos graves de acoso policial, violencia sexual o insultos ejercidos por agentes de seguridad estatal”.
